Los acuartelamientos, movilizaciones públicas y otros mecanismos de intimidación impulsados a lo largo de la historia por las fuerzas de seguridad revisten una extrema gravedad para el funcionamiento del sistema democrático.
Así como deben ser repudiados unánimemente por las organizaciones representativas del pueblo y por la totalidad del arco político, el Gobierno debe intervenir con fortaleza para desarticular su desarrollo utilizando las herramientas institucionales y políticas disponibles, sin ceder a planteos extorsivos sostenidos en abierta violación a disposiciones legales que son esenciales al Estado de derecho.
El conjunto de las y los trabajadores del Estado bonaerense venimos atravesando una situación crítica por la falta de recomposición salarial y condiciones de trabajo inadecuadas en el marco de la emergencia desatada por el COVID-19, por lo que el Gobierno provincial debe convocar de forma urgente a las organizaciones sindicales para abordar esta problemática a través de los mecanismos institucionales y democráticos como el diálogo y la negociación colectiva.
Tucumán 1966, CABA.
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