El sistema de crueldad se sigue cobrando vidas

Una vez más, el “Sistema de crueldad” de la provincia de Buenos Aires, se cobró la vida de ocho detenidos. Jorge Luis Ramírez, Eduardo Rogelio Ocampo, Jeremías Aron Rodríguez, Juan Bautista Lavarda, Miguel Ángel Sánchez, Elías Soto, Juan Carlos Fernández y Walter Barrios fallecieron a raíz de las heridas sufridas durante el incendio producido el último 15 de noviembre en la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría.

Los calabozos de la comisaría debían estar clausurados desde el año 2012 –a partir de la Resolución 268/12 del Ministerio de Seguridad bonaerense- por no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad. Sin embargo, al momento del incendio se encontraban alojadas allí 26 personas, cuando sólo tiene capacidad para albergar a 10 detenidxs.

Otro dato a destacar es que la mayoría de ellos debían haber estado desde hace meses alojados en unidades penitenciarias, a las que no tuvieron acceso a raíz de la superpoblación existente en las mismas, situación que el Ejecutivo provincial no se ocupa de resolver.

Según el monitoreo realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, “la cantidad de personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires creció un 14% en el último año, y acumula un 93% desde diciembre de 2015: la superpoblación actual es de un 246%. Las comisarías tienen capacidad para alojar a 1.000 detenidxs y alojan a 3.500”.

Además, el organismo de derechos humanos denunció que entre 2016 y 2018 –período que coincide con la gestión de Cristian Ritondo en la cartera de Seguridad- ya fallecieron 56 personas que se encontraban bajo custodia del Estado en comisarías, en clara violación al mandato constitucional de garantizar la integridad psico-física y el proceso de resocialización de las personas privadas de su libertad.

Esta grave situación institucional se da en un contexto de crisis sociopolítica y económica extrema, al que se suma la falta de reacción de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense. Como cabeza del poder del Estado que por excelencia debe controlar la legalidad de los actos de gobierno y garantizar derechos humanos de jerarquía constitucional, el máximo tribunal provincial no ha dado señales firmes ante la vulneración sistemática de esos derechos y frente al incumplimiento de un fallo judicial que hubiera impedido este desenlace fatal.

En este sentido, cabe recordar que la decisión administrativa de clausurar los calabozos de la Comisaría 3ª fue ratificada por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora -con sede en Monte Grande-, y notificada el 3 de marzo del 2018 a los ministerios de Seguridad y Justicia, a la Suprema Corte y a la gobernadora María Eugenia Vidal.

Ante situaciones de esta naturaleza, el máximo tribunal sólo sugiere aplicar multas al gobierno provincial y/o denunciar penalmente al funcionarix por desobediencia. Decisiones que, ante un ajuste presupuestario extremo como el que lleva adelante el gobierno provincial con su impacto directo en la política criminal y penitenciaria, resultan notoriamente insuficientes, produciendo como consecuencia que el Ejecutivo incumpla las resoluciones judiciales que hubieran permitido aminorar sensiblemente los riesgos de muerte.

Desde la AJB exigimos la inmediata investigación de los hechos acaecidos en la comisaría de Esteban Echeverría y el castigo a los responsables -directos y políticos-, de la muerte de los ocho detenidos.