Esta estrategia del gobierno denota una clara intencionalidad de desviar el centro de atención para lograr alcanzar niveles de respaldo social que justifiquen flexibilizar aún mas las relaciones laborales dentro de la administración de Justicia y el Ministerio Público.
Un ejemplo concreto explica nuestro punto de vista. El 13 de noviembre de 2015, la Subsecretaría de Control de Gestión de la Suprema Corte de Justicia elaboró un informe sobre la tarea que desarrolla el Dr. Ricardo A. Crotto al frente del Juzgado de Paz letrado de Balcarce. De allí surge que el juez tenía expedientes para dictar sentencias desde el año 2009 al 2015, de variadas y sensibles materias como son las relacionadas con el derecho de familia, como fijación de cuotas alimentarias, régimen de visitas, tenencia de hijos; otros de índole patrimonial, como juicios ejecutivos o sucesorios; o de naturaleza contravencional. Ante esta situación, el ex presidente de ese Tribunal ordenó el inicio de un sumario administrativo para determinar la responsabilidad funcional del magistrado.
El carácter “reservado” de las actuaciones no permite que la AJB tenga acceso a ellas y sólo se conoce extraoficialmente que se clausuró la etapa de instrucción. Hoy el sumario está en poder del Procurador General, Julio Conte Grand, quien debe dictaminar si las irregularidades informadas ameritan promover el proceso de destitución de Crotto.
Asimismo la Corte deberá decidir si respalda al magistrado con una sanción administrativa simbólica, como ha ocurrido en otros casos, o da una señal clara de compromiso político institucional con la resolución rápida de los procesos, impulsando la separación de Crotto de su cargo.
“El ejemplo del juez Crotto nos permite vislumbrar cómo se posicionan institucionalmente los actores con responsabilidad directa en la situación, como así también clarificar el debate sobre los tiempos materiales de la justicia; para que no sean los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras la excusa perfecta que permita evadir una discusión más profunda, a la par de justificar el avance en la precarización de las condiciones de trabajo”, señaló Mariano Fernandez, Secretario de Asuntos Internacionales de la AJB y Secretario General de la Departamental Mar del Plata.