“El Poder Judicial profundiza el dolor de las y los familiares de las víctimas”

 

El pasado 6 de julio, seis meses después del dictado de la resolución y en la fecha de un nuevo aniversario del secuestro de Salvador Arestín –producido en 1977-, sus familiares fueron notificados por el Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata del sobreseimiento de Pedro Hooft. Hooft fue imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar en nuestro país. Su sobreseimiento no se encuentra firme, ya que está pendiente de resolución la apelación interpuesta ante la Cámara Federal de la misma ciudad.

Pedro Hooft fue acusado de no investigar la detención ilegal, torturas y desaparición forzada de las y los abogados y militantes políticos víctimas de la Noche de la Corbatas, siendo el mencionado juez quien rechazó el hábeas corpus interpuesto en favor de Salvador Arestín, quien aún hoy permanece desaparecido.

“Teniendo en cuenta los antecedentes que le permitieron al magistrado salir airoso tanto del juicio político como de su juzgamiento penal, es imposible pensar que esta coincidencia se trata de un hecho azaroso. La notificación a las y los familiares de Arestín el mismo día del aniversario de su secuestro es un hecho cargado de un fuerte simbolismo de impunidad”, señaló Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB.

En ese sentido, cabe recordar que Hooft se valió de los fueros que le otorgan su cargo de magistrado en el Juzgado Correccional Nº4 de Mar del Plata para negarse durante años a presentarse a declarar ante el Juez Martín Bava, quien lo declaró rebelde por dichas incomparencias y dictó la prohibición para salir del país. Pese a ello, fue sobreseído en diciembre de 2020.

Así también, el magistrado marplatense fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento el 5 de marzo de 2013 a partir de las denuncias penales presentadas por el fallecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales y sindicales, entre ellas la Federación Judicial Argentina y la AJB. Sin embargo, a partir de un importante blindaje político, fue absuelto en el jury en mayo de 2014.

“Este hecho es un suceso más que revictimiza a las y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, y va en la dirección contraria al deber de nuestro país de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad, llevar adelante acciones positivas que garanticen la no repetición de los mismos y de reparar el dolor que le ocasionaron a sus familiares y a las y los compañeros de militancia”, finalizó Fernández.