El gremio rechaza su postulación como camarista

 

El plenario del Consejo de la Magistratura decidirá el 13 de diciembre la integración de la terna de candidatos a ocupar el cargo vacante en la Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, entre los postulantes se encuentra Rodrigo Cataldo, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº5 de dicha ciudad y actual presidente del Colegio de Magistrados a nivel provincial.

Oportunamente, la AJB se opuso a la candidatura de Cataldo, a quien denunció en 2012 junto a una ex trabajadora, por ejercer violencia laboral.
Asimismo, la AJB argumentó que la circunstancia de haber tenido dos trabajadores no registrados en calidad de pasantes en su juzgado, además del intento de atribuirle responsabilidad administrativa a un empleado por la demora en el despacho de 241 causas delegadas por el juez, confirman un cuadro de antecedentes que lo invalidan para ocupar el cargo que pretende el magistrado.

Cabe agregar que el sumario administrativo originado contra Cataldo por la mencionada denuncia es de trámite reservado, sin acceso ni posibilidad de control de la prueba por parte de la AJB ni de la trabajadora víctima. A tal extremo llega la informalidad del procedimiento disciplinario, que hubo declaraciones testimoniales tomadas en el despacho de Cataldo fuera del horario de labor judicial.

Sobre la situación irregular de los pasantes, es relevante señalar que el Ministerio de Trabajo bonaerense dio vista a la Suprema Corte de la denuncia de pasantías en abierta violación a la normativa nacional vigente, efectuada por la AJB. Particularmente, uno de los casos denunciados se consumó en el juzgado de Cataldo, sin que haya sustanciado el correspondiente sumario administrativo como sí se hizo con otros jueces del mismo fuero, en el Departamento Judicial de Mar del Plata.

 

Pablo Abramovich, secretario General de la AJB, sostuvo que “ante la contundencia de los hechos que fundamentan la posición de la AJB, el sentido común marca que Cataldo no puede ser promovido a camarista con esos antecedentes. Pero es el Consejo de la Magistratura el que debe valorar políticamente la gravedad de las circunstancias y dar a toda la sociedad una señal de cambio en el paradigma de los y las magistradas que aspiran a integrar el Poder Judicial”.