En la presentación realizada el día miércoles, la AJB denunció ante la Suprema Corte y la Dirección General de Sanidad las irregularidades en la aplicación del Protocolo de Prevención en que incurrió la jueza Adriana Cicale, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº1 de San Martín ante la aparición de un caso sospechoso de Covid-19 en la dependencia.
Apenas se conoció el contagio el pasado martes 28, la magistrada hizo todo lo posible para evitar a cualquier costo que se disponga el aislamiento preventivo de quienes tuvieron contacto con la trabajadora. Tampoco se ordenó la desinfección inmediata del organismo, que se realizó recién un día después y con el personal trabajando.
La conducta negligente de la magistrada quedó en evidencia ya que seis de las siete personas que ocupaban ese piso del Juzgado resultaron positivos de COVID-19 durante las horas posteriores.
Así también cabe aclarar que, como ocurre en gran parte de los organismos de la provincia, el Juzgado Civil y Comercial N° 1 no se encontraba en condiciones de funcionar con el 100% del personal. En efecto, la escasa separación entre puestos de trabajo –que en algunos casos no supera el metro de distancia- y el escaso espacio disponible para la cantidad de personas incumplían las disposiciones referidas al distanciamiento social mínimo recomendado en el Protocolo de Prevención contra el COVID-19 dictado por la Suprema Corte.
Por otra parte, en la presentación se reclama evaluar la intervención de la Delegación de Sanidad, que pese a las manifestaciones realizadas por representantes del sindicato consintió la interpretación forzada y arbitraria de los protocolos efectuada por la jueza Cicale, y se negó a realizar una inspección directa en el Juzgado para verificar las condiciones en que desarrollan sus tareas las y los trabajadores. Con una intervención firme y oportuna de Sanidad cumpliendo el rol que le corresponde la cadena de contagios habría podido limitarse.
“Ante este nuevo escenario de la pandemia, con cifras récord de casos positivos y la circulación predominante de una variante del virus altamente contagiosa, exigimos a la Suprema Corte que se revisen las medidas de cuidado y se disponga el retorno al sistema de trabajo en burbujas para la vuelta de la feria de verano”, manifestó Pablo Abramovich.
Agregando que “el trabajo en grupos no solo reduce la cantidad de personas contagiadas, sino que además garantiza la continuidad del funcionamiento de las dependencias ante la existencia de casos positivos, resguardando con ello los derechos de quienes a diario transitan los Tribunales de la provincia”.
Tucumán 1966, CABA.
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