Por Analía Maiztegui*
Pasaron cuatro décadas del último golpe militar y en nuestro país seguimos sin conocer el destino de miles de compatriotas. Hombres, mujeres y niños secuestrados, torturados y desaparecidos, nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, siguen siendo buscados por familiares y un sinnúmero de organismos de derechos humanos, sin una respuesta adecuada por parte del Estado argentino.
Si bien nuestro país ha avanzado en los últimos años en el enjuiciamiento de cientos de genocidas, en la mayoría de los casos estos juicios no han permitido conocer el destino de aquellos compañeros ilegalmente detenidos. Quienes trabajamos diariamente en defensa de los derechos humanos sostenemos que la única manera de llegar a la verdad es desclasificando la totalidad de los archivos de la dictadura, no sólo los de Argentina, sino los de todos los países integrantes del Plan Cóndor, como así también los documentos en poder del Vaticano.
Por otra parte, como trabajadores y trabajadoras judiciales, no podemos desconocer el rol clave que desempeñaron los jueces durante el gobierno más nefasto de nuestra historia. El rol nefasto de la Suprema Corte durante la dictadura y los habeas corpus rechazados -y en otros casos ocultados- por muchos jueces, son la prueba más clara de la complicidad del Poder Judicial en la desaparición forzada de personas.
Por último, desde la Asociación Judicial Bonaerense, repudiamos la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que otorgó la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz -cumpliendo condenas varias por la comisión de delitos de lesa humanidad y principal sospechoso de la desaparición del testigo Jorge Julio López en 2006-, y exigimos el cumplimiento efectivo de las penas para todos los genocidas.
¡30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS, PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
* Secretaria de Derechos Humanos de la AJB.