Día Internacional de los Derechos Humanos

Esta Declaración consagra una amplia gama de derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos, y ha sido la base para la creación de más de sesenta instrumentos de derechos humanos que en conjunto, constituyen la normativa internacional en la materia.

Estos derechos fundamentales se definen como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, y que en nuestro país tiene jerarquía constitucional desde 1994.

“En nuestra condición de trabajadores y trabajadoras en general, y de judiciales en particular, vemos a diario que el estado bonaerense incumple con las obligaciones asumidas por la República Argentina al suscribir dicho tratado y que le son propias por la organización federal adoptada por nuestra Nación”, señaló Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la Asociación Judicial Bonaerense.

El Art. 21 inc. 1 de la Convención establece que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. En relación al Poder Judicial, en tanto poder el Estado provincial, la realidad política muestra que tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados son ámbitos del gobierno reacios a la participación popular por fuera de las representaciones corporativas, impidiendo de esa manera la democratización de la selección de jueces, fiscales y defensores bonaerenses, como asì también su enjuiciamento.

A su vez, el Art. 24 señala que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo. Sin embargo, la Suprema Corte autoriza y/o consiente la prolongación indefinida de la jornada de labor pretendiendo que las y los empleados, funcionarios y peritos judiciales estén funcional y personalmente a disposición de la Administración de Justicia y de la Procuración las 24 horas del día y los 365 días del año, incluso bajo amenaza de sanción disciplinaria.

“Indudablemente los derechos plasmados en un texto internacional, nacional o provincial no garantizan su plena vigencia por esa sola razón. Son la organización y la lucha las herramientas para materializarlos. Claro ejemplo de ello lo constituye la reciente implementación de la licencia laboral por violencia de género en el Poder Judicial a instancia de la AJB, reclamo del movimiento de mujeres y disidencias de nuestro país del cual nuestra organización forma parte”, agregó Fernández.

La conflictividad social existente tanto en América Latina como en Europa, marca también a escala continental y global que, sin organización colectiva y reclamo masivo, el uso discrecional del patrimonio público, la especulación financiera, el ajuste permanente, con la consecuente pérdida de derechos individuales y colectivos son la norma, echando por tierra la dignidad que a las y los habitantes se pretendió garantizar por parte de los países que suscribieron la citada declaración.

En esta fecha, la AJB renueva el compromiso asumido hace varias décadas de seguir luchando en forma inclaudicable por el respeto de estos derechos fundamentales, tanto para las y los trabajadores judiciales, como para la sociedad en su conjunto.