Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

 

El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 30 de agosto como el “Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas”, a partir de la iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad cometido por agentes del Estado o por otras personas con el consentimiento estatal para sembrar el terror en la sociedad. No solo afecta a la persona desaparecida y su familia, sino que la sensación de inseguridad y miedo por no conocer el paradero de las personas privadas de la libertad se apodera también de su comunidad y la sociedad en su conjunto.

Habitualmente es una práctica utilizada por regímenes dictatoriales, pero no es exclusivo de ellos ya que también es usada en algunos países para dirimir conflictos internos, en especial para reprimir a la oposición política.

En nuestro país la desaparición forzada fue una de las herramientas utilizadas por la última dictadura cívico militar para disciplinar a las personas que decían lo que pensaban, se organizaban, participaban de sindicatos, centros de estudiantes o cultivaban las artes, y de esta manera se erigían en defensoras de derechos fundamentales haciendo peligrar la continuidad en el poder del gobierno de facto.

Sin embargo, esta práctica no terminó con el advenimiento de la democracia, y basta citar algunos nombres para saber que sigue enquistada en parte de las fuerzas de seguridad. Miguel Bru, Jorge Julio López, Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro son solo algunos ejemplos emblemáticos, que ponen de manifiesto la necesidad de que el Estado implemente políticas públicas tendientes a eliminar estas prácticas.

Por otra parte, es necesario resaltar que este accionar no hubiera sido posible sin la complicidad del Poder Judicial, que sistemáticamente rechazaba los hábeas corpus interpuestos en favor de las personas detenidas desaparecidas. Un Poder Judicial que aún hoy, a 38 años de la recuperación del sistema democrático, sigue protegiendo a funcionarios que fueron parte de la última dictadura, como son los casos del Fiscal General Fabián Fernández Garello y el Juez Pedro Hooft, ambos del departamento judicial de Mar del Plata y el Fiscal General de Morón Federico Nieva Woodgate.

“Indudablemente es necesaria una fuerte respuesta institucional frente al uso de la desaparición forzada como práctica estatal, para lo cual es imprescindible contar con un Poder Judicial que actúe con firmeza, convicción e independencia frente a cada caso”, señaló Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB.

Agregando que “el derecho a la vida e integridad psicofísica debe ser una garantía real y no simplemente formal, y para ello el Estado debe implementar políticas públicas que eliminen definitivamente esta práctica del accionar de las fuerzas de seguridad”.