En nuestro país, en un contexto alarmante de retrocesos en las políticas públicas con perspectiva de género, denunciamos cómo las decisiones recientes impactan de forma directa y sistemática en los derechos fundamentales de mujeres, niñas y
adolescentes. Somos testigos de:
1. El desmantelamiento de políticas públicas existentes, diseñadas para garantizar la igualdad de género y erradicar la violencia.
2. El desprestigio infundado de las instituciones encargadas de proteger estos derechos, socavando su legitimidad sin evidencia.
3. Recortes presupuestarios arbitrarios y despidos masivos de personal especializado, dejando a las mujeres desprotegidas frente a la violencia y en situación de mayor vulnerabilidad.
Estas acciones constituyen un incumplimiento flagrante de los pactos
internacionales ratificados por el Estado argentino y éste debe hacerse responsable de estos “desaciertos” y “retrocesos” legales.
Como trabajadores y trabajadoras judiciales tampoco estamos libres de violencia. Por eso nos organizamos para llevar adelante una reforma judicial transfeminista y construir un Poder Judicial con perspectiva de género. Exigimos la creación de una Oficina de género donde se elabore un protocolo de actuación para la intervención en las denuncias por violencia de género en el ámbito de la SCBA y del Ministerio Público, entre otras acciones.
También consideramos urgente el control efectivo respecto del cumplimiento de la Ley Micaela y toda otra normativa que asegure un ámbito libre de violencias para todes.
Sigamos luchando juntas para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres en el Poder Judicial y en toda nuestra sociedad.