El 28 de mayo de 1988 se conmemoró el primer Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, con el lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna. Instaurado en 1987 por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, este día de acción global fue ampliando sus objetivos, por ejemplo impulsando en la región la Campaña por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
La lucha por la igualdad de género en las agendas de los gobiernos, el marco jurídico y el sistema de derechos, ha crecido en los últimos años de la mano de los movimientos de mujeres y LGTBIQ+, con el acompañamiento de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos.
En esta fecha, todos los años se organizan distintas campañas, entre las que destacan las acciones contra la feminización de la pobreza; por una maternidad voluntaria y sin riesgos; por aborto legal, seguro y gratuito; por derechos sexuales y derechos reproductivos plenos; por educación sexual integral en todas las escuelas y partos respetados, sin violencia obstétrica.
“Este año la fecha cobra especial importancia por ser el primero con aborto legal en nuestro país y por la situación sanitaria de emergencia que atravesamos”, expresó Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB.
Y agregó “Es importante que el Estado garantice el acceso a la salud integral y a la IVE, especialmente en contexto de pandemia. Asimismo, que el Poder Judicial no limite a través de sentencias individuales los derechos que las mujeres e identidades diversas hemos conquistado y vuelto ley”.
El gremio judicial, a través de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades, viene bregando desde hace décadas por cada una de estas reivindicaciones. Este 28 de mayo, exige que se garantice el acceso a la salud en términos integrales, la aplicación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito; como así también la urgente implementación en todo el país de la Educación Sexual Integral (ESI).
Además, en el contexto de pandemia de COVID-19, se vuelve urgente asegurar las condiciones de trabajo, de seguridad e higiene de las trabajadoras judiciales, especialmente de aquellas en período de lactancia y de quienes se encuentran al cuidado de niñas y niños en edad escolar, ya que en la gran mayoría de los casos las tareas del cuidado recaen habitualmente sobre las mujeres y en el marco del confinamiento obligatorio ese porcentaje se incrementa, profundizando las desigualdades.
Puesto que la salud integral no es un hecho meramente biológico, sino que responde a determinantes sociales, posibilidades de acceso a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida con igualdad de oportunidades, la Organización Mundial de la Salud subrayó que “en la sociedad actual, las mujeres y las niñas representan a la población más vulnerable en lo que a la salud se refiere y por lo tanto sus necesidades deben ser prioritarias en cualquier país del mundo”.