En el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires el sólo hecho de ser mujer sigue siendo un factor de postergación y discriminación. No importa cuánto se declame la igualdad, a la hora de los ascensos poco importan el respeto a la carrera judicial, la experiencia en la función judicial o la formación académica adquirida si de mujeres se trata, en particular si además son madres.
Una muestra más de ello es el caso de dos trabajadoras abogadas que desempeñan sus tareas en el Juzgado de Paz de Chascomús –Departamento Judicial Dolores-, que no fueron tenidas en cuenta por la jueza María Juliana Hernández para cubrir un cargo letrado vacante, quien propuso a un abogado externo a la dependencia y sin experiencia alguna en el Poder Judicial.
La postergación de las trabajadoras constituye un nuevo caso de discriminación en el Poder Judicial, por la sola condición de ser mujeres y el correlato con la maternidad y las tareas de cuidado que ello acarrea. Ambas son madres de niñas y niños pequeños y una de ellas actualmente se encuentra cursando un embarazo.
La situación propiciada por la jueza Hernández no sólo viola las propias disposiciones de la Suprema Corte que establecen una prioridad para que las y los abogados de la planta, según su antigüedad e idoneidad, accedan a los cargos vacantes de funcionarios, sino que además incurre en una discriminación por cuestiones de género violatoria de la normativa nacional e internacional vigente en la materia.
“El Estado empleador en todos sus funciones y niveles debe abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer, lo que se configuraría en caso que se efectivice la postergación de las compañeras por su condición de ser mujeres y madres”, señaló Celia Lorente, secretaria General de la AJB Dolores.
Y agregó: “Desde la AJB estamos acompañando a ambas trabajadoras en la presentación realizada ante la Suprema Corte para que no se ratifique la propuesta de ascenso promovida por la jueza María Juliana Hernández”.