Cuando el Estado te deja sola

 

Nuevamente estamos en las calles repudiando un femicidio, gritando ¡Ni una menos! Esta vez reclamamos justicia por Úrsula Bahillo, una joven de 18 años de la localidad de Rojas, asesinada el martes 9 de febrero por su ex pareja Matías Ezequiel Martínez, un policía de la Bonaerense. Una más. Una víctima más del patriarcado que a pesar de haber hecho innumerables denuncias por violencia de género, no fue escuchada.

A su femicida le habían impuesto una medida de restricción perimetral que sistemáticamente violaba. Úrsula denunció esta situación. La justicia y la policía bonaerense no la escucharon. Desestimaron una a una sus denuncias y las previas de las ex parejas de Martínez, que sin dudas eran una alerta a tener en cuenta y un antecedente para tomar medidas.

Nada sirvió para evitar su muerte ni la saña con la que su ex pareja la apuñaló. Úrsula avisó a sus amigas que su vida corría peligro. Sabía que Martínez la iba a matar. Recurrió a la Justicia y a la Comisaría de la Mujer. El Estado no la protegió.

Hoy Martínez quien se desempeñaba en un Destacamento de San Nicolás y estaba con licencia psiquiátrica, se encuentra detenido y a disposición de la justicia acusado de “homicidio calificado por violencia de género”.

Por Úrsula y por todas las mujeres y disidencias víctimas de violencia, la AJB adhiere a la convocatoria de “Ni Una Menos” a marchar a todos los Tribunales de la provincia el miércoles 17 de febrero, a las 17 horas.

Justicia sin perspectiva de género

En la cadena de responsabilidades en el femicidio de Úrsula no podemos dejar de mencionar a la justicia. A esa justicia patriarcal y misógina contra la cual lucha a diario la AJB.

Úrsula denunció el 9 de enero a Matías Ezequiel Martínez y el expediente recayó en la UFI N° 5 de Junín, a cargo del fiscal Sergio Terrón, quien ahora lamentablemente investiga su femicidio. Allí también tramitaba otra denuncia contra Martínez cuyo juicio oral tenía fecha de inicio el 18 de abril. Y casualmente esa UFI tenía además una causa donde Úrsula iba a testificar el 17 de febrero para impulsar otro juicio contra el agente policial.

El viernes 5 de febrero la joven volvió a denunciar a su ex pareja y solicitó al Juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari, un botón antipánico. Dicho funcionario se tomó unos días y elevó un oficio solicitando el botón al municipio recién el lunes 8 de febrero, un día antes de que Úrsula fuera asesinada.

“Desde la AJB repudiamos el accionar de un Poder Judicial que en los casos de violencia de género, como el de Úrsula, no tiene en cuenta a la víctima, sus denuncias y advertencias y los antecedentes del agresor. Este no es el Poder Judicial que queremos”, expresó Débora Bertone, secretaria de Géneros de la AJB.

Y agregó: “Los y las trabajadoras judiciales sabemos de sobra el deplorable funcionamiento de la justicia en materia de género. A pesar de los esfuerzos enormes que realizan a diario compañeras y compañeros, hay una desidia total del Estado y una gran responsabilidad de las y los magistrados que en su mayoría no adoptan la perspectiva de género”.

“Cuando hablamos de un Poder Judicial con perspectiva de género, no sólo nos referimos a procesos y resoluciones con esta mirada, sino también entendemos que para poder garantizar la protección a las víctimas indefectiblemente debe incrementarse la cantidad de personal acorde al crecimiento exponencial de las causas de violencia, como así también condiciones dignas de trabajo que aseguren el abordaje adecuado de estas causas”, finalizó Bertone.

La AJB exige al Poder Judicial que destine presupuesto y personal para el abordaje de las causas de género, como así también al Ejecutivo presupuesto para la aplicación de la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Así también es urgente la aplicación efectiva de la Ley Micaela (N°27.499) para la formación de magistrados y magistradas, fiscales y funcionarios con una perspectiva de género clara.

Por último, desde el gremio judicial reclaman una reforma en el proceso de selección de magistrados y magistradas de la justicia provincial que sea democrático y que adopte la perspectiva de derechos humanos, género y participación ciudadana.

Femicidios y fuerzas de seguridad

El año recién comienza y durante el primer mes nuestro país tuvo 44 femicidios. Una mujer asesinada cada 23 horas, la mayoría por su pareja o ex pareja. Además, se denunciaron 23 intentos de femicidio.

El asesinato de Úrsula puso en el tapete nuevamente la relación entre femicidios y fuerzas de seguridad que ya se venía observando. Según la Coordinadora contra la Represión Policial a Institucional (Correpi), tomando como base los registros existentes a nivel nacional “a fines de 2020 una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria”. Es decir, su femicida es un miembro de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) también denunció que en los últimos veinte años “casi 500 mujeres fueron muertas, torturadas o heridas en el marco de hechos que involucraron el uso particular de la fuerza por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad.”

Otra advertencia más sobre la relación entre las fuerzas de seguridad y los femicidios la hizo el observatorio de la Casa del Encuentro, que viene señalando que entre 2008 y 2019, fueron 187 los femicidios perpetrados por policías o miembros de otras fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.

Ante esta situación, más que nunca es importante la implementación de una política clara y contundente en materia de género, presupuesto y la formación y capacitación efectiva en materia de derechos humanos y perspectiva de género en el Poder Judicial, en las fuerzas de seguridad y en el ámbito estatal en su conjunto, tal como lo establece la Ley Micaela.

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