Contra la legalización de la violencia institucional

La publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad nacional puso en alerta a todxs aquellxs actores que desde hace años defienden el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales.

La resolución refrendada por la Ministra Patricia Bullrich, que otorga a las fuerzas de seguridad la posibilidad de “utilizar armas de fuego en caso de peligro inminente”, en contraposición con normas legales vigentes -normas internacionales, la Constitución Nacional y Código Penal, entre otras- no es algo novedoso. Esta resolución otorga un marco legal a los actos de ejecución sumaria que se vienen reiterando en todo el país desde hace tiempo.

Asimismo, la resolución no sólo contradice las normas mencionadas sino que constituye una clara violación al principio constitucional de la división de poderes: por un lado, con un mero acto administrativo -como lo es el dictado de una resolución por parte de un Ministerio-, se invade la esfera del Poder Legislativo; y por el otro, se avanza sobre las facultades propias del Poder Judicial, ya que la determinación del carácter legítimo o ilegítimo del uso de la fuerza debe ser evaluada por un juez, a través de la aplicación de las normas del Código Penal.

Por otra parte, esta disposición, junto al Decreto Nacional 683/18 -firmado por el Presidente Mauricio Macri, en el que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior-, tiene el claro propósito de profundizar la política de saturación del territorio a través de la presencia conjunta de fuerzas de seguridad locales, provinciales y federales, para intervenir en forma violenta en la resolución de la conflictividad social, quedando subsumida en la lógica de la denominada “guerra contra el delito”.

“Desde la AJB no concebimos una política de seguridad que se construya sobre la base de limitar o eliminar los efectos prácticos de las garantías constitucionales y los derechos humanos en los procesos de prevención, investigación y represión del delito en un estado democrático de derecho”, señaló Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos del gremio judicial AJB.

“De lo contrario, corremos el serio riesgo de repetir en nuestro país el proceso vivido en México durante el mandato del ex presidente Felipe Calderón, quien desde mediados de la década pasada aplicó una política criminal que, bajo el  pretexto de librar “la guerra contra el narcotráfico”, trajo como resultado unos 150.000 muertos y cerca de 28.000 desaparecidos”, finalizó Fernández.