Contra la impunidad y el silencio

 

Desde que comenzó el escándalo por la vacunación ilegítima contra el COVID-19 de Hilda Kogan y Luis Genoud, miembros de la Suprema Corte, todo ha sido absoluto hermetismo.

Ante la falta de respuestas institucionales, la AJB realizó presentaciones al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; al Presidente de la Suprema Corte, Daniel Soria, y al Procurador General, Julio Conté Grand, requiriendo que informen si ordenaron realizar investigación interna, impulsaron acciones institucionales o si se ha instado la acción penal ante la posible comisión de un delito de acción pública, con relación a la actuación de Kogan y Genoud.

Hasta el momento, solo la Procuración respondió a la solicitud, informando que se le dio intervención a la Fiscalía General de La Plata a fin de que investigue los hechos denunciados y que la causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 2 de ese departamento judicial. Así también, que se han remitido copias de las actuaciones administrativas al Presidente de la Suprema Corte.

Por su parte, la Suprema Corte publicó hace algunos días un comunicado que enumera sobriamente las gestiones realizadas para incluir en el cronograma de vacunación al personal del Poder Judicial, omitiendo mencionar la situación de máxima gravedad institucional que involucra a dos integrantes del Tribunal. Tampoco pone en conocimiento de la comunidad si se decidió impulsar algún tipo de acción en consecuencia.

Desde el Poder Ejecutivo tampoco se dio respuesta alguna al requerimiento.

Al respecto, desde la AJB consideraron que “relativizar la gravedad de la situación denunciada menoscaba seriamente la transparencia en la gestión y el apego a la legislación vigente que deben caracterizar a la administración de Justicia, profundizando la crisis de legitimidad social del poder del Estado que se erige como último garante de la vigencia de los derechos de las y los ciudadanos”.

Asimismo, desde el sindicato afirmaron que la indignación entre los y las trabajadoras judiciales se acrecienta día a día, ya que miles se han visto obligados durante esta pandemia a poner en juego su salud y las de sus familias para llevar a cabo tareas presenciales de alto riesgo y en condiciones de seguridad e higiene inadecuadas, por decisión de las y los integrantes del máximo tribunal.

En este contexto, la AJB continúa exigiendo que la Suprema Corte realice un mayor esfuerzo para garantizar la inclusión del personal judicial en los grupos de vacunación prioritarios, al tiempo que se reclama el respeto de las dispensas por cuidado de hijos e hijas en edad escolar, la garantía de condiciones de seguridad e higiene adecuadas para habilitar nuevas actividades y un mayor control para garantizar el cumplimiento de los protocolos vigentes contra el COVID-19 para quienes realizan tareas presenciales.