En el marco de la reparación histórica que constituyen los juicios a los responsables de la última dictadura militar, el viernes pasado el Tribunal Oral en lo Federal Nº1 condenó a catorce jefes militares y de inteligencia argentinos y a uno uruguayo, a penas de entre 8 y 25 años de prisión por más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad cometidos bajo la logística del Plan Cóndor.
Este plan, puesto en marcha por las dictaduras del Cono Sur el 25 de noviembre de 1975, dejó como saldo miles de detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos.
Dos de las mayores condenas recayeron sobre el entonces Jefe de la Guarnición Militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, y sobre el último dictador y ex Jefe de Asuntos Institutos Militares, Reynaldo Bignone, quienes fueron condenados respectivamente a 25 y 20 años de prisión.
También fueron condenados a 25 años el ex agente de la SIDE, Miguel Angel Furci y el uruguayo Cordero Piacentini. En tanto, Rodolfo Feroglio, ex director de la Escuela de Caballería; Humberto Lobaiza, ex jefe del Regimiento Patricios; el general retirado Eugenio Guañabens Perelló; el almirante retirado Luis Sadi Pepa; Néstor Horacio Falcón; Eduardo Samuel; Felipe Jorge Alespeit y el general retirado Federico Antonio Minicucci, fueron condenados a penas que van desde los 20 a los 8 años de prisión.
Queda el trago amargo por la ausencia en el banquillo de los ex dictadores Jorge Rafael Videla (Argentina), Augusto Pinochet (Chile), Alfredo Stroessner (Paraguay), Hugo Banzer (Bolivia), Juan María Bordaberry (Uruguay), Alencar Castelo Branco (Brasil), como así también del articulador del Plan, el entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger.
“Tuvieron que pasar 40 años desde la constitución del plan político criminal denominado Plan Cóndor, y 24 años desde que Martín Almada descubriera en Paraguay el Archivo del Terror que documenta el accionar represivo coordinado entre las dictaduras del Cono Sur para que se condenase a muchos responsables”, señaló Analía Maiztegui, secretaria de Derechos Humanos de la AJB.
Además, Maiztegui agregó que “esas condenas llegan después de tantos años por los entramados políticos y jurídicos construidos para asegurar la impunidad, obstaculizando el juzgamiento de los responsables. Fue la tarea continua y sin descanso de las organizaciones y los militantes de Derechos Humanos la que ha hecho posible estas condenas”.
La AJB celebra esta sentencia y reafirma su compromiso de seguir trabajando en pos de la construcción y consolidación de la Memoria, Verdad y Justicia, en nuestro país y en Latinoamérica.