Condenan a genocidas en Bahía Blanca

 

Fue el pasado 4 de octubre, donde fueron condenados 21 de los 31 imputados de una investigación en la que se agruparon los casos de 82 personas secuestradas en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, 42 casos de homicidio -en 13 de los cuales la víctima permanece desaparecida-, y la apropiación de los niños de María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero, nacidos durante el cautiverio de sus madres.

Entre los imputados se encuentran militares retirados del Ejército, ex policías de la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, y ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que actuaron en centros clandestinos de detención en perjuicio de 105 víctimas.

Además, el Tribunal dispuso penas de 9 años de prisión a 4 integrantes del Ejército; de 9 años un ex jefe policial de Neuquén; de 10 años a un ex jefe de la Policía Federal con asiento en Viedma; de 6 años a un integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, mientras que otro de la misma fuerza fue condenado a 3 años. También fueron condenados a 3 años de prisión un ex jefe de la Policía de Cipoletti, mientras que otro integrante del Ejército fue absuelto.

Asimismo, se ordenó la baja del Ejército Argentino de los oficiales y suboficiales condenados, de la Policía Federal Argentina, de las policías de las provincias de Río Negro y Buenos Aires. y del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En el veredicto los jueces señalaron que “la totalidad de los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del genocidio sufrido en el país y durante la última dictadura cívica militar”. Además en la resolución del TOF se ordenó que se dispongan las penas “en penales comunes bajo jurisdicciones del Servicio Penitenciario Federal o en prisiones provinciales”.

También dispuso que, una vez se encuentre firme la sentencia, el diario La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

“Esta sentencia, sumada a las anteriores, significa un eslabón más en la carrera contra la impunidad. El reclamo por Juicio y Castigo que el pueblo argentino viene exigiendo desde hace décadas se cristaliza cuando un tribunal dignifica su función y aplica la condena que estos asesinos merecen”, expresó Néstor Alende, secretario de Derechos Humanos de la AJB.

Para finalizar, Alende agregó: “La sed de una justicia reparadora sigue empujando a víctimas, compañerxs y familiares, quienes incansablemente han luchado contra todo intento de impunidad, y han levantado bien alto las banderas de los y las militantes del campo popular que fueron blanco de la dictadura. La lucha sigue por la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas”.