Los y las trabajadoras judiciales pedimos justicia por Micaela que fue asesinada; por Higui que salvó su vida y terminó presa por defenderse; y por todas las mujeres que no han encontrado en la Justicias reparación y protección.
En Argentina una mujer muere cada 18 horas víctima de femicidio. Todas las mujeres asesinadas podrían estar entre nosotros, con sus hijos ahora huérfanos (o a cargo de femicidas), con sus amigos, sus compañeros, con sus padres y madres, con su vida…
Este no es el Poder Judicial que queremos. Los y las trabajadoras judiciales sabemos de sobra que no se designa a personas capacitadas, que la licencia por violencia de género es aún materia pendiente, que el acoso es una constante en las oficinas de tribunales y que los violentos permanecen en sus cargos y las víctimas padecen violencia institucional, obligadas a traslados y a licencias que ocultan la verdadera problemática.
Por eso exigimos intervención interdisciplinaria eficiente, reglamentación y asignación de fondos para la urgente implementación de la ley 26.485; presupuesto adecuado junto a una reforma que tenga que ver con la capacitación y la democratización del ingreso al Poder Judicial; exigimos la incorporación de la licencia por violencia de género en nuestra acordada, sanción ejemplar a los jueces violentos y el juicio político a quienes, como el juez de Ejecución Penal Carlos Alfredo Rossi de Entre Ríos, son una amenaza para nuestros derechos y nuestras vidas.
Abrazamos a la familia de Micaela García y convocamos a participar de todas las acciones que se realicen para seguir luchando por nuestros derechos y para que el Poder Judicial deje de ser cómplice de la violencia machista.
No somos cómplices.
¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!
Secretaría de Género e igualdad de Oportunidades de la AJB