“La Autarquía judicial es la potestad del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires de presupuestar, percibir, disponer y administrar sus recursos económicos y financieros, los que estarían establecidos en un porcentaje del presupuesto de la Provincia.
En principio se corresponde con su condición de ´poder independiente´ separado de los otros dos poderes del Estado, con facultades y responsabilidades constitucionales propias.
Sin embargo el monto de esos recursos y el destino que se les dé a los mismos es determinante.
En la actualidad la Suprema Corte de Justicia eleva anualmente al Poder Ejecutivo provincial un proyecto de presupuesto que invariablemente es modificado ´a la baja´, recortes mediante, antes de ser enviado a la Legislatura para ser incorporado al Presupuesto general bonaerense.
Consecuentemente la administración judicial no es la que define su propio presupuesto de recursos y gastos e inversiones sino que depende de los otros dos poderes.
Un dato significativo es que la participación del Presupuesto judicial en el provincial se mantiene en torno al 4,7 %. Algunas manifestaciones de esto son: deplorables condiciones edilicias, falta de insumos sobre todo tecnológicos y mantenimiento, servicios impagos, vacantes no cubiertas, organismos que no se ponen en marcha y sobre todo un nivel salarial deteriorado e insuficiente de sus trabajadores.
Podrá saludarse la iniciativa pero una imprescindible pregunta es: ¿Con qué presupuesto? ¿Con el mismo? Porque la Autarquía hace que el Poder Judicial administre los recursos asignados y teniendo en cuenta los montos actuales, ¿qué nos hace pensar que será para mejor? Sencillamente, nada.
Por otra parte en un esquema autárquico los trabajadores deberíamos discutir nuestros salarios con la Suprema Corte lo cual podría ser beneficioso ya que lo haríamos directamente con el sector del Estado que es nuestro empleador directo, más allá de que somos trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. En tal sentido exigimos la vigencia plena del Sistema Porcentual.
Quizás un dato negativo sería que perderíamos la posibilidad de luchar por nuestros salarios junto al resto de los trabajadores del Estado bonaerense.
Sin embargo aceptamos y exigimos el desafío de debatir junto a nuestros empleadores un sistema autárquico que garantice condiciones edilicias adecuadas, insumos suficientes y sobre todo salarios dignos. En tal sentido planteamos que sería una buena oportunidad para establecer definitivamente los salarios regidos por el Sistema Porcentual para todo el escalafón. Pero paralelamente es imprescindible contar con el marco legal que garantice nuestro pleno derecho a la negociación colectiva, es decir, una ley de Paritarias para los trabajadores judiciales que regule nuestra relación con el Estado empleador.
Quedamos a la espera de la convocatoria para discutir el modelo de Autarquía, el porcentaje a asignar (recursos), la implementación del Sistema Porcentual y el marco legal de la negociación colectiva”.