Aniversario del golpe

 

El 24 de Marzo de 1976 el gobierno de facto vino a reestructurar la matriz económica, política y social de nuestro país, valiéndose de una herramienta fundamental: la utilización del terror como elemento de persuasión.

Este nuevo orden, que perjudicó los intereses del pueblo argentino en general y la clase trabajadora en particular, pudo ser llevado adelante a partir del uso de la violencia gubernamental ejecutada tanto desde las instituciones públicas como desde las estructuras clandestinas creadas por el propio Estado para la sistematización de la detención ilegal, tortura, desaparición forzada y asesinato de miles de personas.

Estas violaciones a los derechos humanos que por su escala, volumen y gravedad, fueran calificadas al momento del juzgamiento de las y los responsables del horror como crímenes de lesa humanidad, no hubieran sido posibles, al menos en tal magnitud, sin la complicidad del Poder Judicial.

Cabe recordar que durante la dictadura, tanto el Congreso Nacional como las legislaturas provinciales fueron disueltos y el Poder Ejecutivo asumió la función legislativa junto a los gobernadores e intendentes de facto. Sin embargo, el Poder Judicial siguió funcionando, dándole un viso de legitimidad a la Junta Militar y transmitiendo la imagen de que en alguna medida en nuestro país se respetaban la división de poderes y el estado de derecho.

Por su parte, en materia laboral el Poder Judicial jugó un rol decisivo en el cercenamiento de derechos individuales y colectivos a trabajadores y trabajadoras. La suspensión del derecho de huelga –ley 21.261-, la prescindibilidad en el empleo público -21.274-, la prohibición de negociar colectivamente -21.307- y de la actividad sindical -21.371- y la reducción del plazo de prescripción en materia laboral, sirvieron no sólo de instrumento para maximizar las ganancias del empresariado bajando los costos laborales, sino también para doblegar la resistencia de una clase que había logrado grandes avances en materia de derechos laborales en las décadas anteriores y que se erigía a través de su lucha en garante de un nuevo orden social.

En el fuero penal la colaboración judicial no fue menos explícita. Según el informe de la Conadep, entre 1976 y 1979 familiares de las víctimas de la represión presentaron -sin contar ninguna reiteración de pedidos- 5487 hábeas corpus en los tribunales federales, de los cuales solo un puñado tuvo resultado favorable, y en general por la presión internacional.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no fue la excepción. Mediante resolución del 13 de junio de 1977, recomendó a las y los magistrados que en la tramitación de hábeas corpus se abstengan de efectuar pedidos de informes relacionados con personas detenidas o desaparecidas”. Dicha resolución fue derogada recién el 15 de Marzo de 2006, más de veinte años después de recuperada la democracia.

Un caso emblemático es el del secuestro y desaparición del abogado laboralista olavarriense Carlos “el Negro” Moreno, en el que aún la responsabilidad de los integrantes de facto de la justicia todavía espera ser investigada y juzgada, conforme lo ordenara el Tribunal que condenó a los autores materiales del hecho.

A 45 años del fatídico golpe es inadmisible que el Poder Judicial provincial siga teniendo entre sus integrantes a magistrados imputados por la comisión de delitos de lesa humanidad, ya sea porque siguieron ocupando el cargo que detentaban durante la dictadura, o porque fueron incorporados a la administración de justicia en años posteriores. Tales son los casos de los Fiscales Generales de Morón y Mar del Plata, Federico Nieva Woodgate y Fabián Fernández Garello; el juez del Juzgado en lo Correccional N°4 de Mar del Plata Pedro F. Hooft; el ex intendente de facto de Quilmes Julio Casanello, camarista civil hasta su jubilación en 2019.

“Estos ejemplos demuestran que urge democratizar tanto el Poder Judicial como los mecanismos institucionales de selección y destitución de magistrados y magistradas nacionales y provinciales. No se puede fortalecer el estado de derecho y la vigencia plena y efectiva de los derechos humanos con magistrados que ocuparon cargos públicos durante la dictadura”, señaló Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB.

“Estos funcionarios fueron parte de un estado de excepción que se sostuvo en base al terror emergente de la aplicación de un plan de exterminio, y como tales no deben ser parte del Poder Judicial. Sin señales políticas claras, corremos el riesgo como sociedad de que la tragedia se repita”, finalizó Fernández.

Este 24 de marzo, la AJB adhiere a las actividades que se realicen en todas las localidades de la provincia, en aras de avanzar en la profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.