Adiós a un imprescindible

 

Muchos fueron los cargos que ocupó a lo largo de sus 88 años de existencia. Sin embargo, lxs judiciales que hacemos de la militancia nuestra forma de vida, siempre lo recordaremos como a uno de los fundadores de la Asociación Judicial Bonaerense, que defendió los intereses de la clase trabajadora hasta el último minuto de su vida, tanto en el ámbito de nuestro gremio como en el de la Federación Judicial Argentina y en la Central de Trabajadores de la Argentina, en la que presidió en tres congresos conduciendo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Refiriéndose a la AJB, en ocasión de festejarse el 50 aniversario de su creación, Antonio Cortina expresaba “a partir del 3 de junio de 1960 vino lo más importante, sostener al gremio y hacerlo crecer en nuestra conciencia y con la estructura necesaria para ser una herramienta apropiada de acuerdo a las circunstancias para nosotros y para el resto del pueblo”, agregando que “aunque no imaginábamos la dimensión del genocidio que nos fue impuesto años después, y tras lo cual debimos seguir con la pelea por un sindicalismo luchador, democrático, independiente pero no sectario, impronta que seguimos sosteniendo los compañeros judiciales”.

Antonio fue uno de esos militantes a los que denominamos “imprescindibles”. En una época en la que las aspiraciones individuales priman la mayoría de las veces sobre lo colectivo, destacamos la entrega de quien rechazó un nombramiento de juez de Cámara para ser abogado ad-honorem de la AJB y no claudicó en su militancia pese a haber sido cesanteado en tres ocasiones por su participación sindical.

Arduo defensor de los derechos humanos, como secretario general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Plata, en plena vigencia de las leyes de impunidad, en el año 1998 realizó la presentación ante la Cámara Federal platense de la acción judicial tendiente a materializar el derecho a la verdad de lxs familiares y del conjunto de la sociedad. El 21 de abril de ese mismo año, el Tribunal resolvió favorablemente el pedido y el 30 de octubre se iniciaban las audiencias del proceso que se conocería como “juicios por la verdad”.

En el mismo carácter, junto a la APDH de Bahía Blanca propició con el fiscal federal Hugo Cañón la inconstitucionalidad de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, resuelta por la Cámara Federal de esa ciudad, presidida por el juez Luis Cotter. Cabe destacar que tanto Cañón como Cotter habían ocupado cargos directivos en la Asociación Judicial Bonaerense.

Así también, como congresal de la Federación Judicial Argentina, impulsó en los congresos de la CTA numerosas propuestas para la democratización de la Justicia; entre ellas, la participación de trabajadorxs judiciales, organismos de derechos humanos y referentes de organizaciones sociales en el Consejo de la Magistratura. Propuesta que fuera receptada en las reformas constitucionales de las provincias de Santa Cruz, Entre Ríos y Chubut.

En su rol de asesor en la convención constituyente, desempeñó un papel de primordial importancia en la inclusión del derecho a la negociación colectiva de lxs trabajadorxs estatales en la reforma de la Constitución Provincial del año 1994, y del Art. 39 inc. 4º que dispone la creación de un organismo imparcial para la resolución de conflictos entre lxs empleadxs estatales y el Estado en su rol de patronal.

Además, defendió la administración del IOMA y el IPS por lxs trabajadores con participación del Estado –y no al revés, como sucede en la actualidad-, logrando la inclusión de dos artículos que consagran los principios de la seguridad social en la provincia de Buenos Aires.

Resulta imposible resumir en pocas líneas su incansable labor a lo largo de tantos años de militancia. Partió un imprescindible. ¡Hasta siempre Antonio!