Acoso sexual y violencia laboral

El pasado viernes, por resolución de la Secretaría de Personal de la Suprema Corte se resolvió restituir a su lugar de trabajo a la trabajadora que denunciara por acoso sexual y violencia laboral al Juez Claudio García, titular del Juzgado de Familia de Olavarría.

Tiempo después de efectuada la denuncia, la víctima había sido trasladada compulsivamente por decisión de Hilda Kogan, quien en ese momento ejercía la presidencia del máximo Tribunal, en una de las tantas muestras de autoritarismo que caracterizó su gestión.

“Este caso marca un antes y un después. Los procedimientos a seguir ante una denuncia de estas características deben ser modificados, la palabra de las mujeres debe ser valorada, los violentos deben ser apartados preventivamente de su cargo y debe implementarse la licencia laboral por violencia de género para las trabajadoras del Poder Judicial”, explicó Celia Lorente, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la AJB.

“La decisión de reincorporar a la trabajadora a su lugar de trabajo avanza en la reparación parcial del daño producido a los derechos laborales y de género de la trabajadora producto del pésimo manejo de la situación realizado por Kogan. Durante su presidencia no sólo negó la posibilidad de licenciar compulsivamente a García -como habilita la normativa vigente-, sino que además, ante el primer planteo de apartamiento, permitió con su voto que el Jurado de Enjuiciamiento lo mantuviera en su cargo”, finalizó Lorente.

Cabe recordar que el 19 de junio de 2017, con el acompañamiento de la AJB y luego de casi un año de soportar propuestas no consentidas y padecer el maltrato del titular de su Juzgado, la trabajadora denunció a Claudio García  ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. A partir de ello, el máximo tribunal provincial inició actuaciones administrativas donde se comenzó a investigar los hechos denunciados, pero a diferencia de otros casos de similar gravedad decidió no disponer una licencia compulsiva al magistrado, pese al pedido realizado por el gremio.

Tiempo después la trabajadora y la AJB iniciaron el procedimiento de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, en el cual García fue apartado preventivamente de su cargo en el mes de febrero, decisión que ha sido prorrogada días atrás.

Asimismo, la AJB entiende que resulta necesario repensar los mecanismos de alerta institucional que deben activarse ante denuncias que ponen en serio cuestionamiento el desempeño de magistrados y funcionarios, quienes desarrollan funciones de alta responsabilidad social.

En el caso particular, la ausencia de medidas oportunas ante las denuncias efectuadas contra el juez García y las manifestaciones realizadas con posterioridad por diferentes instituciones, que en forma consistente ponían en tela de juicio la idoneidad del magistrado para sostenerse al frente de un juzgado de Familia, trajo otra consecuencia aún más dramática: la muerte evitable de una mujer y sus dos hijxs (ver link).