Desde hace muchos años la AJB sostiene una posición a favor del aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Los primeros debates y adhesiones a la interrupción voluntaria del embarazo se dieron en la década del ´90, momento en que el sindicato toma esta demanda del movimiento de mujeres y disidencias, y comienza a recorrer un camino en defensa de este derecho. Este proceso continúa en febrero de 2018 con la decisión del Congreso Provincial de la AJB de adherir al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en el contexto del debate parlamentario que se estaba dando en el país.
El Congreso Provincial de AJB decidió adherir al proyecto por considerar al derecho al aborto como una cuestión de salud pública fundamental, de derechos humanos, de libertad individual y de justicia social.
Pese a que en nuestro país la interrupción legal del embarazo (ILE) está permitida en algunos supuestos considerados no punibles –art. 86 inc. 1 y 2 del Código Penal, conforme la interpretación dada por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en el caso “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, del año 2012-, y que la provincia de Buenos Aires adhirió en enero de 2020 al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, son muchas las dificultades para acceder a este derecho en los hospitales y centros de salud.
Sin perjuicio del compromiso de muchos y muchas profesionales de la salud comprometidos con este tema, las dificultades propias del sistema sanitario y la influencia de sectores que se plantean como objetores de consciencia, dificultan en muchísimas ocasiones el acceso a esta práctica.
Luego de la gran “marea verde” del 2018, a partir de la cual la Cámara de Diputados dio media sanción al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de la Campaña y que fuera posteriormente rechazado en Senadores, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto volvió a presentar el proyecto en diciembre de 2019 para su tratamiento y aprobación.
“Este proyecto tiene estado parlamentario y podría ser abordado de inmediato. Sin embargo sigue postergado y el tiempo para su tratamiento se agota. Al igual que se agota el tiempo de las personas gestantes que continúan muriendo o teniendo secuelas graves en la salud por abortos inseguros, situación que se ha visto agravada en el contexto de pandemia”, señaló Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB.
“La interrupción voluntaria del embarazo es una deuda que el Estado debe saldar de manera urgente, garantizando el acceso al aborto seguro a todas las personas gestantes, en forma equitativa y sin discriminación”, agregó Bertone.