El plan político de la dictadura que sumió en la dependencia económica al país a través de la destrucción de la industria nacional y el endeudamiento externo (beneficiando a los más poderosos grupos económicos) no podía llevarse a cabo sin la neutralización de toda persona que se opusiera abiertamente al mismo.
Para ello recurrió al más cruel engranaje represivo jamás visto en la Argentina, que descargó contra una generación que resistió al empobrecimiento de los sectores populares desde las organizaciones sindicales, grupos de base, centros de estudiantes, partidos políticos, donde miles de militantes trabajaban por una sociedad más justa sin explotadorxs ni explotadxs.
Más de 500 campos de concentración se instalaron a lo largo de todo el país para aplicar un plan sistemático de aniquilamiento. El secuestro, la tortura, el asesinato, el robo de bebés nacidos en cautiverio, fueron las herramientas utilizadas por los genocidas para aplicar el terrorismo de estado.
La lucha del movimiento popular frente a esta situación se replicó en todo el país denunciando la brutal represión dentro y fuera de nuestras fronteras. El mundo entero supo que en Argentina se estaba perpetrando un genocidio a través de la valiente actitud de los organismos de Derechos Humanos.
El silencio de los medios de comunicación, la complicidad de la Iglesia y de un aparato judicial que denegó miles de hábeas corpus (y hasta hizo pagar costas a las familias de las víctimas) allanó el camino para el desarrollo del plan sistemático de desaparición de personas.
Los secuestros se transformaron en algo cotidiano y la aparición con vida de lxs desaparecidxs fue el desvelo de familiares, amigxs y compañerxs.
Las madres de aquellxs jóvenes comenzaron a buscarlos y a reclamar frente a la casa de gobierno. La dictadura no sabía que al grito de “circulen” se gestaría uno de los símbolos más importantes de denuncia y resistencia: la ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
No podemos dejar de resaltar que el horror no hubiera sido posible sin la complicidad del Poder Judicial, que por acción u omisión no cumplió con su función de controlar la legalidad de los actos de gobierno.
Con la vuelta a la democracia, el Poder Judicial en general, con las honrosas excepciones que siempre existen, sigue en deuda con el pueblo argentino por no asumir la responsabilidad política que le cabe en la construcción de la Memoria, Verdad y Justicia y eso se refleja en la ausencia de un profundo compromiso con la investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad cometidos por militares, pero también por funcionarios civiles y autoridades eclesiásticas.-
La aplicación del 2×1, la imposición de sanciones leves o el cumplimiento domiciliario de penas graves aplicada a los genocidas condenados, son señales claras de una decisión de mantener una coherencia en democracia con el rol que asumieron durante el terrorismo de estado.-
“La AJB no fue excepción en la persecución y desaparición de militantes, a quienes honramos defendiendo nuestros derechos, denunciando las violaciones a los Derechos Humanos toda vez que se cometan, reclamando cárcel común y efectiva para todos los genocidas y levantando las banderas de MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA”, expresó Néstor Alende, Secretario de Derechos Humanos de la AJB.
30.000 COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS PRESENTES!
EL PODER JUDICIAL FUE CÓMPLICE
Tucumán 1966, CABA.
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