A fines del año 2022 se ha declarado una situación de Emergencia Pericial que es de público conocimiento, habiéndose logrado concretar espacios de diálogo, primero de manera informal en el mes de mayo del corriente año y luego se formalizó la mesa técnica sectorial que tuvo su primera reunión en el mes de julio. Sin embargo, la Suprema Corte no nos convocó nuevamente. Si bien en dicho espacio se ha reconocido el arrasamiento que atraviesan las y los profesionales peritos y se ha podido avanzar en propuestas, al día de la fecha no se ha concretado ninguno de los compromisos realizados y se ha agudizado aún más la crisis existente.
En las reuniones sostenidas con el Poder Ejecutivo Provincial, se ha recibido respuesta favorable para avanzar en aquellas medidas que implican un aumento en la erogación económica, por lo que queda de manifiesto que la ausencia de soluciones obedece a una falta de voluntad política de la Suprema Corte. Denunciamos que existe una discriminación hacia las/os peritos, y que se pretende mantener la brecha salarial ya existente entre los profesionales del derecho y los pertenecientes a otras áreas.
Exigimos se dejen de ignorar los reclamos y se concreten los proyectos sobre los que se ha trabajado, así como sobre las demás demandas presentadas.
La emergencia pericial, que viene de la mano de la precarización y el desgaste, atenta contra la posibilidad de un verdadero acceso a la justicia.
Tucumán 1966, CABA.
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