El gremio denunció hechos de violencia contra trabajadoras y trabajadores de la dependencia, cambios de lugar de trabajo, renuncias, licencias médicas y por violencia de género, violación sistemática de la carrera judicial y sumarios administrativos disciplinarios con la estricta prohibición de acudir a la asistencia gremial de la Asociación Judicial Bonaerense.
Estas situaciones eran permanentes y quienes ejercían estas violencias eran los titulares del Tribunal.Todo está siendo investigado en el marco del expediente 3005-12.035/23.
Mientras la Corte no adopte la medida cautelar que se solicita, cuando ya gran parte de los hechos denunciados se encuentran acreditados, implica que las trabajadoras y trabajadores seguirán sufriendo violencia de género y laboral.
La excesiva duración de los procesos de enjuiciamiento exige que esa Suprema Corte de Justicia ponga en marcha los mecanismos de los que dispone para prevenir nuevos hechos de violencia y se actúe protegiendo a las trabajadoras y trabajadores afectados.