Aquel día, efectivos policiales asesinaron a Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz, tres jóvenes que conversaban en una esquina de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, y luego intentaron simular un enfrentamiento.
Pese a la habitual violencia policial en el barrio, los vecinos se movilizaron para denunciar estos crímenes lo que impulsó a la justicia a condenar a los policías responsables: Juan Ramón Balmaceda, Juan Alberto Miño e Isidro Rito Romero.
Esta denuncia de gatillo fácil fue el puntapié inicial para empezar a desnaturalizar prácticas de las fuerzas de seguridad que violan los derechos humanos. Es por eso que en 2012 mediante la ley N° 26.811, se instauró el 8 de mayo como día de lucha y reflexión contra la violencia institucional.