Repudio al espionaje ilegal

 

De la investigación llevada adelante por el titular del Juzgado Federal de Dolores Dr. Alejo Ramos Padilla en la causa “Arribas Gustavo y Ots. S/ Infrac. Art. 43 Ley 25.520 y Art. 248 CP”, surge que la Agencia Federal de Inteligencia del Estado (AFI) durante la presidencia de Mauricio Macri efectuó tareas de espionaje ilegal contra distintas organizaciones sociales y sindicales, entre ellas la Asociación Judicial Bonaerense. Además, también fueron investigados las y los familiares de las víctimas del Submarino ARA San Juan.

En el expediente existen actuaciones que evidencian que integrantes de conducciones departamentales y de la Comisión Directiva Provincial de la AJB fueron víctimas de las tareas de espionaje ilegal llevadas a cabo por la AFI, razón por la cual Ramos Padilla procesó, entre otros, a Gustavo Héctor Arribas y Silvia Cristina Majdalani, quienes eran  las máximas autoridades del organismo estatal en ese momento.

La lista de organizaciones sindicales del ámbito provincial investigadas de manera ilegal es extensa, lo que pone en evidencia que no estamos frente un hecho aislado. Por el contrario, se trata de una clara muestra de que estas actividades ilícitas eran parte de una política integral y sistemática de espionaje, descrédito público y persecución que sufrieron las organizaciones gremiales y sus dirigentes gremiales durante la administración de Macri. Una estrategia dirigida especialmente hacia aquellos sindicatos que resistieron la aplicación de políticas de ajuste, reducción de salarios, despidos generalizados y precarización laboral.

Del expediente surge además la colaboración de la Base Naval de Mar del Plata en la producción de los informes, lo que deja al descubierto que las Fuerzas Armadas no son ajenas a prácticas heredadas de la última dictadura cívica militar.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la persistencia de prácticas estatales flagrantemente incompatibles con un estado democrático de derecho”, manifestó Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB.

“El Juez Ramos Padilla debe contar con todo el respaldo institucional que la gravedad de los hechos amerita, para que en un futuro inmediato se juzgue en un juicio oral y público a los ejecutores y responsables políticos de estas acciones ilegales y de esta manera se ponga un límite definitivo a este tipo de prácticas que marcan puntos de continuidad con las desarrolladas durante gobiernos de facto”, expresó Pablo Abramovich, secretario General del gremio judicial.