Víctimas del abandono

 

Una muerte evitable. Lucas fue encontrado colgado en su celda del Centro de Recepción de Malvinas Argentinas el pasado 28 de agosto. A la muerte del joven de 17 años se sumó el intento de suicidio de otro adolescente que pudo ser salvado.

Celdas sin calefacción ni ventilación adecuada, con escasa luz natural y eléctrica, con paredes descascaradas y húmedas, son un claro ejemplo del trato inhumano que reciben las y los adolescentes por parte de quienes deberían promover y proteger sus derechos. A ello debe agregarse que ante la falta de personal y la consiguiente imposibilidad de control, se incrementan las horas de encierro y aislamiento en celdas.

Estas situaciones, de por sí intolerables para cualquier persona, se ven agravadas por la aparición de la pandemia. En ese contexto, la semana pasada se produjo una protesta que visibilizó la grave situación que se vive en el Centro: contagios masivos por COVID-19 -con un trabajador fallecido-, reducción de personal, aislamiento extremo, nula actividad socio educativa, poca comunicación con las familias y la falta de mecanismos de contención en momentos de gran incertidumbre y angustia.

Los contagios alcanzaron también a los jóvenes, lo que generó un motín en uno de los pabellones por el miedo y falta de contención a los adolescentes que se encuentran allí alojados, quienes también reclamaban condiciones dignas de detención, alimentación suficiente, elementos de higiene y limpieza, y mejoras en el mantenimiento edilicio.

En ese contexto cabe indagar sobre las autoridades responsables de estos graves incumplimientos. El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia –OPNyA- de la provincia de Buenos Aires hace caso omiso a las denuncias realizadas por diferentes instituciones e incumple sentencias judiciales que ordenan modificar las graves condiciones de detención y la falta de adecuación de los espacios de encierro a los estándares que exige la normativa especial del fuero de responsabilidad penal juvenil. Asimismo, también resulta insuficiente la reacción de las y los magistrados del fuero, quienes no suelen aplicar las sanciones que la ley establece ante tales incumplimientos.

Desde el Foro por los derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud denunciaron que la ausencia de disposiciones claras y oportunas por parte del OPNyA en cuanto a la restricción de las visitas y a la aplicación de protocolos sobre el uso de teléfonos celulares durante la pandemia –que permitan el contacto regular con sus familias en momentos de profunda angustia e incertidumbre-, posibilitaron la emergencia de situaciones violentas y conflictos internos entre los jóvenes o con las y los trabajadores.

A su vez, desde hace años, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene alertando sobre la situación que padecen las y los jóvenes en el encierro penal, denunciando la “adultización” del sistema penal juvenil y la “carcelización” de los centros cerrados, en clara violación de los derechos de las y los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Ni las presentaciones de la CPM, de las organizaciones sociales, de las defensorías oficiales del fuero, ni los pedidos de las y los jóvenes y sus familiares así como de las y los trabadores de los centros fueron escuchados.

Por la insuficiencia en la asignación de recursos y la desidia e incapacidad para desarrollar políticas públicas respetuosas de las personas en situación de encierro, el Estado es responsable de que hoy debamos lamentar la muerte de Lucas.