Frente a la gravedad de la situación que atraviesan las y los trabajadores del Poder Judicial, luego del debate producido en las asambleas realizadas la Asociación Judicial Bonaerense ha resuelto declarar el estado de alerta, cursar pedidos de reunión urgente a las autoridades del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte y la Procuración General, y aprobar la realización de medidas de fuerza para el caso de no obtener respuesta a los reclamos pendientes.
En primer lugar, mientras se anuncia con pompas y platillos que en el mes de julio el Poder Judicial equiparó la cantidad de trámites registrados a igual mes de 2019, la AJB continúa denunciando que desde el inicio de la pandemia la Suprema Corte y la Procuración General han sostenido una política negligente en el diseño e implementación de medidas de prevención contra el COVID-19. Política signada por la ausencia de planificación, insuficiente inversión presupuestaria y falta de instancias de diálogo efectivo y permanente con la representación sindical de las y los empleados y funcionarios judiciales. Hoy nos acercamos a los doscientos judiciales bonaerenses contagiados, por lo que resulta necesario revertir estas políticas para evitar sus consecuencias posibles, tal como el fallecimiento por COVID de una empleada judicial en la provincia de Córdoba.
Pese a los innumerables planteos y denuncias realizados por la AJB, la Suprema Corte decidió no controlar los excesos en las convocatorias de personal presencial que gran parte de las y los magistrados realizan en flagrante incumplimiento de las propias resoluciones del máximo Tribunal, incrementando los riesgos de contagio. Asimismo, desde mediados de junio la Corte inició un proceso de habilitación para su funcionamiento pleno de dependencias judiciales ubicadas en partidos y cabeceras departamentales con escasa circulación del virus, pese a que en gran parte de aquéllas no se encontraban -ni se encuentran actualmente- garantizados los requisitos mínimos para el cuidado de la salud previstos en los diferentes protocolos.
Problemas en la provisión de agua potable, falta de equipamiento de protección personal, edificios sin servicio de limpieza o en los que se realiza sólo dos o tres veces a la semana, serias falencias en la ventilación o en la garantía de distanciamiento social y la ausencia de un plan de instalación de barreras fijas de protección para los puestos de atención al público marcan el nivel de desidia con que el Poder Judicial organiza el cuidado de quienes trabajan diariamente en sus diferentes dependencias.
Como si esto fuera poco, la Suprema Corte ha dado una muestra más de su desinterés por la salud y la vida de las y los trabajadores judiciales al disponer el funcionamiento pleno, a partir del día de la fecha, de las cabeceras departamentales de Mar del Plata y Mercedes, donde la circulación comunitaria del virus se encuentra en pleno crecimiento y se registran las mismas falencias en materia de infraestructura e incumplimiento de los protocolos de prevención que en el resto de la provincia.
En un momento en que la Provincia no logra contener el crecimiento de los contagios y se acerca la saturación del sistema sanitario, la explicación de tal decisión debe buscarse en la subordinación que viene mostrando la cabeza del Poder Judicial a los requerimientos y presiones del Colegio de Abogados, para lo que cuenta con el inestimable aval de gran parte de las y los magistrados tal como se expresa en los posicionamientos de su institución representativa en el nivel provincial.
En segundo lugar, la determinación del gobierno de Axel Kicillof de congelar el debate por la recomposición salarial de las y los estatales profundiza el deterioro del poder adquisitivo de nuestros haberes. En efecto, al finalizar el mes de agosto la inflación acumulada durante 2020 habrá duplicado el 9% de recomposición salarial acordado previo a la pandemia. Dicha pérdida se produce sobre salarios ya severamente deteriorados durante los cuatro años de la gestión de María Eugenia Vidal, en los que el recorte fue superior a un cuarto de su poder adquisitivo.
Este cuadro genera una situación especialmente grave para las y los trabajadores judiciales de las categorías más bajas. Como referencia, actualmente el cargo de ingreso al Poder Judicial recibe una remuneración mensual de $29.811, muy lejos de los $44.521 que según el INDEC necesita una familia de cuatro personas para no ser pobre en la Argentina.
Las restricciones presupuestarias operadas como consecuencia de la pandemia no resultan suficientes para justificar el proceso de deterioro de los salarios. En este punto la AJB reitera que el gobierno tiene la facultad y el deber de implementar medidas de orden fiscal que permitan al Estado obtener los recursos suficientes para financiar las políticas sanitarias necesarias en la emergencia, auxiliar a los sectores vulnerables que más severamente padecen las consecuencias de la crisis y también sostener los salarios de quienes le ponen el cuerpo al funcionamiento estatal en las peores condiciones. Medidas que indefectiblemente deben imponerse a los sectores más ricos y concentrados de la provincia para que las consecuencias de esta nueva crisis no vuelvan a descargarse sobre las y los trabajadores y los sectores más empobrecidos.
Lunes 24 de Agosto de 2020
Tucumán 1966, CABA.
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