Día del Orgullo LGTBIQ+

 

El Día Del Orgullo en todo el mundo está determinado por la histórica revuelta de Stonewall, ocurrida el 28 de junio de 1969 en la Ciudad de Nueva York. Ese día un grupo de lesbianas, gays, trans y travestis resistió la brutal razzia policial en el bar Stonewall Inn. A partir de allí, nada volvió a ser lo mismo y se materializó la organización del colectivo LGTBIQ+ contra la violencia y la discriminación.

La fuerza de la organización y la lucha del colectivo LGTBIQ+ ha logrado grandes avances. En el año 2015 se sancionó en la provincia de Buenos Aires la Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans, constituyendo su efectiva puesta en vigencia uno de los principales reclamos de un sector de la población históricamente marginado. A nivel nacional, se encuentra pendiente de aprobación la “ley Lohana Berkins” de inclusión laboral formal para personas trans travestis, cuya presentación en el Congreso se efectuó por tercera vez en marzo de este año.

Por su parte, en el año 2018 la Asociación Judicial Bonaerense presentó ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires un proyecto de regulación del cupo travesti-trans en el Poder Judicial para dar efectividad a los derechos consagrados en la ley 14.783, cuya implementación garantizaría al menos el ingreso de 265 personas en toda la provincia. La respuesta de la Suprema Corte a esta exigencia sindical aún se encuentra pendiente, lo que constituye no sólo una falta de cumplimiento de las normas vigentes, sino también una deuda impostergable de esta institución hacía la diversidad y las disidencias, y hacia la sociedad.

Cabe destacar que uno de los grandes problemas del colectivo LGTBIQ+ se relaciona con las dificultades para conseguir empleo. Las cifras son alarmantes: el 91% no tiene un trabajo registrado, mientras que el 82% atribuye las dificultades para acceder a un empleo formal a la discriminación por identidad y/o expresión de género. Mientras que el 45% ejerce o ejerció el trabajo sexual y/o está o estuvo en situación de prostitución, la cifra asciende a 85% entre las mujeres y feminidades trans y travestis. Asimismo, el 64% de las personas trans y travestis no tiene cobertura de salud y  el 58% ha sufrido violencia por parte de las fuerzas policiales.

Al respecto, Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB, expresó que “La inserción al mercado laboral de las personas trans travestis es un reclamo urgente y necesario, y una deuda del Estado. En la actualidad se mantiene el promedio de vida de este sector de la población  en los 36 años, y esto se relaciona con la imposibilidad de acceso a un trabajo y la consecuente negación de derechos fundamentales como la vivienda, la salud y la educación”.

Otra deuda que tiene el Poder Judicial es la aplicación de la perspectiva de género en todos los trámites y sentencias. Las personas LGTBIQ+ son víctimas también del sistema judicial patriarcal. Muestra de ello lo constituyen las sentencias contra Marian Gómez -quien fue presa y condenada por besar a su esposa en la estación de Constitución- y contra Higui, quien se defendió de una violación colectiva. Así también resulta impostergable la aplicación efectiva de la Ley Micaela y la creación del área de género en el ámbito de la Suprema Corte, con participación de las trabajadoras y trabajadores judiciales.

Desde la AJB seguimos exigiendo la inclusión laboral del colectivo travesti trans, la aprobación del cupo laboral en el Poder Judicial y el cese de las violencias, el odio, los travesticidios y transfemicidios.