“La medida deber ser revisada”

 

Tal como fue anunciado en conferencia de prensa el pasado martes, la crisis que atraviesa el sector privado de la salud por la caída abrupta de prestaciones como consecuencia de la pandemia desatada por el COVID-19, será financiada por préstamos del IOMA que alcanzarán los 400 millones de pesos mensuales. El anuncio aclaró que dichos fondos serán devueltos a la obra social “cuando finalice la pandemia” y en doce cuotas sin interés.

En primer lugar, compartimos la necesidad de contribuir al funcionamiento de los prestadores privados en el marco de la emergencia sanitaria, y en particular el pago de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras. También consideramos acertado que el Estado, como parte de su estrategia sanitaria, centralice la gestión de las camas disponibles en el sector público y privado de la salud con el objetivo de garantizar la atención adecuada del conjunto de la población durante la situación de crisis.

Dicho esto, consideramos que el camino elegido para la asistencia financiera al sector privado es equivocado. Los recursos del IOMA no son del Estado, sino que conforman un patrimonio colectivo indiviso del cual las y los trabajadores estatales somos titulares, que financiamos con nuestros aportes. Por lo tanto, el necesario salvataje a clínicas y sanatorios privados debía realizarse con recursos públicos, ya sea del Estado provincial o a través de fondos nacionales. En efecto, ha sido el Estado nacional quien ha sostenido el pago de salarios a miles de empresas del sector privado. Con más razón debe hacerlo con aquellas que prestan servicios sanitarios esenciales.

La justificación de la medida en la falta de recursos por parte del Estado para hacerse cargo del costo del salvataje, nos remite al debate central sobre qué sector social debe soportar el peso de la crisis sanitaria y sus devastadoras consecuencias en la economía. Al respecto, entendemos que resulta imprescindible avanzar en implementación de políticas públicas que obliguen a los sectores con mayor capacidad económica a realizar el aporte necesario para financiar las necesidades sociales más urgentes; en particular, aquellos grupos empresarios que durante los últimos cuatro años acumularon ganancias extraordinarias a costa del endeudamiento y empobrecimiento de las grandes mayorías.

Ahora bien, la presunta imposibilidad de conseguir de manera inmediata fondos estatales para evitar el colapso del sistema privado de salud, no habilita a disponer unilateralmente de los fondos del IOMA. Por el contrario, ello debió consensuarse con el conjunto de trabajadores y trabajadoras estatales a través del diálogo con sus organizaciones sindicales.

De haberse transitado ese camino, el desfinanciamiento de la obra social que implica el otorgamiento de préstamos multimillonario a tasa cero y sin un plazo cierto de devolución difícilmente hubiera sido aceptado. En ese debate también podría haberse exigido como contraprestación la garantía de atención en todas las clínicas y sanatorios privados a las y los afiliados del IOMA, mientras dure el proceso de salvataje.

Tampoco resulta razonable el argumento esgrimido de que el salvataje se financia con el ahorro del IOMA por la propia caída de las prestaciones durante la pandemia. El IOMA tiene la obligación prioritaria de reformular su funcionamiento para saldar la enorme deuda que sostiene con sus afiliados y afiliadas, quienes durante los últimos años venimos sosteniendo con nuestros salarios deteriorados la caída abrupta en la cobertura en medicamentos, las restricciones en las prestaciones, el incremento del copago en las consultas y el retraso injustificado de los reintegros.

En síntesis, la AJB reclama la revisión de la medida adoptada por el gobierno provincial, exigiendo a éste la convocatoria al conjunto de gremios estatales para debatir responsablemente el modo en que debe reformularse la asistencia al sector privado de la salud. En esa línea avanza el pedido de entrevista con el Presidente del IOMA firmado por los gremios que integran el Consejo Consultivo de la obra social.

Las circunstancias descriptas obligan a replantear el diseño institucional de gobierno del IOMA. El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional instruye que “la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados con participación del Estado”.

Entendemos que ya es tiempo de que la democracia en nuestra provincia se haga cargo de ese mandato y que la obra social de las y los estatales sea dirigida por quienes la utilizamos y financiamos -a través de un directorio con mayoría de representantes de las y los trabajadores- haciendo cesar la intervención impuesta hace más de 55 años.