A 44 años del golpe cívico militar

 

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas asumieron de facto el gobierno del país y pusieron en marcha un plan terrorista destinado a destruir el proceso de organización popular que impulsaba la construcción de una sociedad igualitaria y verdaderamente democrática. Este plan, basado en el uso de la violencia, se valió tanto de las instituciones públicas como de estructuras clandestinas creadas por el propio Estado para la sistematización de la detención ilegal, la tortura y el asesinato de miles de personas.

Mediante la sanción de la ley 21.258, la Junta Militar destituyó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación, a los miembros de los tribunales superiores de las provincias y declaró “en comisión” a la totalidad de las y los magistrados de los poderes judiciales de la Nación y de las provincias.

En ese contexto, las y los magistrados que fueron confirmados en sus cargos así como quienes fueron designados en ese momento, prestaron juramento de acatamiento a los Objetivos Básicos fijados por la Junta Militar y al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. En tercer lugar, a la Constitución Nacional en tanto no se opusiera a aquéllos.

Así, el Poder Judicial no sólo se subordinó al poder de facto, sino que garantizó la necesaria complicidad para que el plan de exterminio fuera posible.

Las y los magistrados en su gran mayoría rechazaron sistemáticamente los hábeas corpus interpuestos en favor de las víctimas de los secuestros ilegales, confirmaron la validez de las normas represivas, instruyeron causas penales fraudulentas en connivencia con la policía o las Fuerzas Armadas y apercibieron a las y los jueces de instancias inferiores que esporádicamente hacían avanzar las instrucciones penales.

También participaron de maniobras de ocultamiento de cadáveres, de la entrega en adopción de niñas y niños apropiados ilegalmente a sus madres embarazadas en cautiverio, avalaron la intervención de tribunales militares para juzgar personas civiles, prestaron ayuda para el interrogatorio y tortura de detenidos de manera ilegal, y practicaron la delación de abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran disciplinados por las fuerzas represivas.

“Como ya hemos afirmado en reiteradas ocasiones, cabal ejemplo de la complicidad del Poder Judicial con la dictadura cívico militar, lo constituye la recomendación de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense a los tribunales y jueces de la provincia de abstenerse de efectuar pedidos de informes al Estado Mayor Conjunto en el marco de los hábeas corpus interpuestos en favor de personas detenidas o desaparecidas, resolución que fue dejada sin efecto recién veintidós años después de recuperada la democracia”, explicó Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB.

En ese mismo sentido, es concluyente la afirmación del Tribunal del denominado “Juicio a los Jueces”, llevado a cabo en el año 2017 contra ex magistrados federales acusados de la comisión de delitos de lesa humanidad: “Nos es posible afirmar que el terrorismo de Estado contó en Mendoza con la complicidad de miembros de relevancia de un Poder Judicial que se adaptó sin más al «plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión»”.

Transcurridas casi cuatro décadas desde la recuperación de la democracia, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia lejos está de culminar.

Prueba de ello es la lentitud del avance de los juicios de lesa humanidad, los criterios flexibles con los cuales se juzgan a sus responsables, las dificultades para que los genocidas cumplan sus penas en forma efectiva en cárceles comunes, y la supervivencia en el Poder Judicial de magistrados imputados por delitos de lesa humanidad como Pedro Hooft, Fabián Fernández Garello o Federico Nieva Woodgate –recientemente apartado de su cargo-.

Por ello, la profundización de este proceso es una responsabilidad que debemos asumir quienes luchamos desde hace muchos años en defensa de los derechos humanos en nuestro país. En particular, las y los trabajadores judiciales de la AJB debemos seguir la senda trazada por quienes nos antecedieron en el camino.

Los compañeros Hugo Cañón –en su rol de Fiscal Federal- y Luis Cotter –como Juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca- fueron actores esenciales en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El voto de Cotter lideró la resolución del único tribunal del país que se atrevió, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a declarar la invalidez de esas leyes.

Por su parte, Antonio Cortina promovió desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos el primero de los denominados “juicios por la verdad” en La Plata, mientras que Víctor Mendibil formó parte de la comisión que viajó a España para impulsar la jurisdicción universal durante la vigencia de las leyes de impunidad en nuestro país.

En nombre de estos compañeros, de tantos otros y otras que pelearon en el anonimato y en memoria de las y los 30.000 detenidos desaparecidos, este 24 de marzo reiteramos el compromiso de continuar la lucha por el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado y hacer realidad la utopía de un Poder Judicial al servicio del pueblo.