En sus tres años y medio de mandato, el gobierno de María Eugenia Vidal ha generado un serio retroceso en el sistema judicial bonaerense. Mediante un ajuste profundo y sistemático, ha recortado el salario real de las y los empleados y funcionarios judiciales, congelado el ingreso de personal en un contexto de fuerte crecimiento de la litigiosidad y reducido a un mínimo histórico la inversión en infraestructura.
También, ha impulsado reformas que, sin un debate serio y abierto a la sociedad e ignorando las verdaderas causas de la crisis del sistema judicial, fracasarán como tantas otras. Y en sintonía con una política de alcance nacional, ha llevado a niveles inéditos el ataque a la independencia del Poder Judicial, persiguiendo impunemente a aquellos magistrados cuyas decisiones incomodan al poder político.
En materia de relaciones laborales, María Eugenia Vidal y sus ministros han tomado la decisión de violar sistemáticamente la Constitución Provincial y la normativa internacional. Así, han convertido el derecho a la negociación colectiva consagrado en su artículo 39 inc. 4 en letra muerta, demorando por meses la convocatoria a paritarias, disponiendo incrementos salariales por decreto y actuando como juez y parte en los conflictos abiertos con los diferentes gremios estatales.
La desarticulación del derecho a la negociación colectiva fue el instrumento elegido para producir en estos tres años la mayor caída del salario real desde la crisis de 2001.
El año 2018 fue el primero en dos décadas que los gremios estatales no llegamos a un acuerdo paritario, debido a la decisión de Vidal de sostener una oferta salarial muy por debajo de la inflación. Por decisión unilateral y en abierta violación a la normativa vigente, cerró las negociaciones decretando un incremento del 32%, muy por debajo del 47,6% que midió el INDEC para ese año.
En 2019, el Ejecutivo transita el mismo camino. Iniciado el mes de agosto, la Asociación Judicial Bonaerense sigue sin ser convocada para retomar la negociación paritaria. No existe decisión alguna del Ejecutivo de compensar la pérdida salarial de 2018 ni de ofrecer la garantía de la cláusula gatillo para todo el período de 2019, en un contexto de alta incertidumbre sobre cómo evolucionará la inflación en los últimos cinco meses del año.
Es por eso que la AJB realiza hoy una nueva medida de fuerza en toda la provincia, que tendrá continuidad las veces que sean necesarias hasta que el Ejecutivo retome el diálogo y se aborde en el ámbito adecuado una solución a los problemas que padece el Poder Judicial.