Paro por una justicia con perspectiva de género

 

En consonancia con la decisión mayoritaria del Congreso Provincial del gremio realizado el pasado 29 de noviembre, la AJB dispuso realizar un paro el próximo 5 de diciembre, en repudio al fallo del Tribunal Criminal Nº1 de Mar del Plata, que absolvió a los tres acusados por el femicidio de Lucía Pérez.

Asimismo, el gremio judicial resolvió realizar diversas actividades de visibilización durante la mañana en todos los Tribunales de la provincia, como así también participar de la movilización que partirá a las 17 horas desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta Plaza de Mayo.

Cabe recordar que el 26 de noviembre, en vísperas de la movilización por el “Día Internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres y las disidencias”, se conocieron los detalles de la sentencia por el femicidio de Lucia Pérez. Los tres acusados -Matías Farías, Pablo Offidani y Alejandro Maciel-, fueron absueltos en un nuevo y repudiable fallo del Poder Judicial.

Las manifestaciones vertidas días antes del dictado de la sentencia por los jueces Viñas y Carnevale, constituyeron la antesala del desenlace de la injusta decisión del Tribunal Criminal N°1 de Mar del Plata. En dichas manifestaciones, los magistrados desestimaron la opinión de las especialistas en género; afirmaron la inexistencia de una brecha entre varones y mujeres en nuestra sociedad; negaron la desigualdad de género, la violencia machista y el patriarcado, así como también la necesidad de tener una perspectiva de género en los hechos bajo su juzgamiento.

Respecto del fallo, Débora Bertone, secretaria de género de la AJB, expresó: “La sentencia del Tribunal integrado por Aldo Carnevale, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas, fue la concreción de aquellas manifestaciones previas. Estamos frente a un fallo en el que no se han aplicado los parámetros internacionales de juzgamiento en materia de violencia hacia las mujeres y donde se refuerzan además las relaciones de desigualdad en razón del género existente en nuestra sociedad”.

Y agregó: “El Estado debe actuar con la diligencia requerida ante actos de violencia hacia las mujeres conforme las normas vigentes, entre ellas la ley 26.485 de ‘Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres’, y en tanto signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el deber de investigar actos de violencia de forma pronta y exhaustiva. Sin embargo, en la sentencia, en sintonía con la Defensa Oficial ejercida por la Dra. María Laura Solari, se utilizó de forma infame y escandalosa la vida privada, sexual y personal de la adolescente para predisponer a la opinión pública, fundamentar un falso consentimiento y culpabilizar a Lucía de su propio femicidio, reforzando estereotipos”.

En nuestro país, en los últimos diez meses hubo 216 femicidios, de los cuales el 22% de las mujeres asesinadas habían realizado denuncias contra su victimario, y el 12.5% tenía alguna medida judicial de protección. Además, el 44% de las víctimas tenía entre 21 y 40 años al ser asesinadas, el 11% entre 0 y 15 años y el 10% entre 16 y 20 años.

“Estos datos muestran claramente que ser mujer y adolescente como lo era Lucía, conlleva un grado mayor de vulnerabilidad en la escala de violencia machista que las mujeres y las disidencias soportan social e históricamente. El Poder Judicial, al perder de vista este contexto como marco imperante al examinar integralmente los hechos y pruebas bajo su jurisdicción y donde la prueba indiciaria tiene un papel relevante, profundiza esta condición histórico social y se vuelve cómplice de las violencias hacia las mujeres y las disidencias”, agregó la secretaria de Género.

Por último, Bertone destacó que “en las manifestaciones previas de los magistrados como en estas valoraciones reflejadas en la sentencia es donde se pone en evidencia el accionar de un Poder Judicial que sostiene un sistema sociocultural machista y opresor, un Poder Judicial que reproduce los patrones de relación desigual presentes en la sociedad. Además, deja de manifiesto la ilegalidad e ilegitimidad de un fallo que deja impune el femicidio de Lucía. No incorporar la cuestión de género en el juzgamiento de sucesos violentos de esta naturaleza garantiza la impunidad, y en ese sentido exigimos el juicio político a los magistrados y encargados de la instrucción de la causa, como así también exigimos al Poder Judicial una justicia con perspectiva de género”.