Una reforma contraria a los derechos de lxs trabajadorxs

 

La nueva ley de procedimiento laboral elimina los Tribunales del Trabajo y crea un sistema de doble instancia similar al existente en la Justicia Nacional del Trabajo. Este sistema no sólo no resolverá los problemas que actualmente presenta el fuero del trabajo, sino que previsiblemente los agravará, extendiendo el plazo de resolución de los litigios. Como consecuencia de ello, la posibilidad de reclamar judicialmente por la violación de derechos laborales será cada vez más difícil para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia.

Desde hace muchos años el funcionamiento del fuero laboral presenta serios problemas: procesos que se prolongan durante años, falta de integración de los tribunales por la demora en la designación de jueces, vacantes en la planta administrativa y de funcionarixs cuya cobertura se posterga indefinidamente, infraestructura obsoleta y deficiente, e imposibilidad de las asesorías periciales y del sistema público de salud en general para responder adecuadamente a las demandas que surgen de los reclamos laborales en trámite ante los Tribunales de Trabajo. A esto deben sumarse los serios inconvenientes que trajo una digitalización mal planificada y peor ejecutada.

Estos problemas se agravan ante una cantidad creciente de reclamos laborales, que han pasado de alrededor de 46.218 causas en 2007 a un máximo de 91.215 en 2017, sin que este aumento haya sido acompañado por la asignación de mayores recursos por parte del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de la Provincia (frente a un incremento del 97% en el ingreso de causas, el aumento de personal en el fuero sólo alcanzó el 24% en el período mencionado).

Lamentablemente, la reforma aprobada por la Legislatura estará lejos de resolver estas cuestiones. En primer lugar, porque su tratamiento no fue precedido de un diagnóstico acerca de las causas de los problemas que actualmente enfrenta el fuero laboral, cuya resolución está más vinculada a decisiones del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia que a obstáculos derivados del procedimiento laboral, aun cuando éste siempre pueda ser perfectible.

En segundo lugar, porque la creación de un sistema de doble instancia, si no va acompañada de un incremento sustancial del presupuesto asignado al fuero, no hará más que empeorar la situación actual. Los problemas de los tribunales colegiados se trasladarán a los juzgados unipersonales y a las cámaras de apelaciones, duplicando trámites e instancias. En este contexto, los plazos procesales que se establecen en el texto de ley serán materialmente incumplibles en la práctica y el incentivo para arribar a un acuerdo conciliatorio será cada vez mayor para los trabajadores y las trabajadoras, situación que implicará una renuncia parcial a sus derechos.

Cabe destacar que el proyecto original era aún más regresivo, en tanto directamente habilitaba que las sentencias laborales fueran revisadas, en segunda instancia, por las Cámaras de Apelación Civil y Comercial hasta tanto se pusieran en funcionamiento las Cámaras del Trabajo, lo que presumiblemente demoraría años. Dicha solución desnaturalizaba por completo la especialización que requieren los reclamos por violaciones al derecho del trabajo. Este aspecto fue duramente cuestionado desde la Asociación Judicial Bonaerense en conjunto con la Asociación de Abogados Laboralistas -criterio también compartido por el Colegio de Magistrados-, y fue dejado de lado en el proyecto aprobado por la Legislatura.

Finalmente, el nuevo procedimiento, tal como está planteado, también impactará negativamente sobre la situación y derechos de los trabajadores y las trabajadoras judiciales que prestan tareas en el fuero laboral, que enfrentarán una sobrecarga de trabajo con recursos manifiestamente insuficientes. En este sentido, desde la Asociación Judicial Bonaerense volvemos a señalar que es necesario impulsar acciones urgentes para mejorar el funcionamiento del fuero laboral, comenzando por garantizar los niveles básicos en materia de infraestructura y cantidad de personal y de organismos.

El nuevo sistema, en las actuales condiciones, no sólo no aborda estos problemas sino que tiende a agravarlos, haciendo aún más difícil el ejercicio de los derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia.