En el día de ayer se realizó una reunión de la nueva Comisión Directiva Provincial, a la que se sumó la convocatoria de lxs secretarixs generales de las diecinueve departamentales de la AJB.
En el marco de un rico e intenso debate, se puso en común la compleja situación que se vive en todo el territorio de la provincia luego de transcurridos siete meses de conflicto salarial, y se unificaron posiciones en torno a la necesidad de profundizar el impacto de las medidas de acción gremial y la articulación de las mismas con el resto de los gremios estatales.
En esta línea, se resolvió la convocatoria a asambleas en las diecinueve departamentales de la AJB en el trascurso de esta semana, con el objeto de pensar colectivamente esta nueva etapa del conflicto salarial y decidir en consecuencia las medidas de fuerza a realizar en las próximas semanas.
El gobierno provincial elige el camino de la ilegalidad para reducir salarios
Dos semanas después de que el gobierno provincial fuera notificado de la resolución de la Suprema Corte que ratificaba la medida decretada el 13 de julio, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto que ordena liquidar un nuevo incremento salarial del 4% para lxs trabajadorxs del Poder Judicial.
El incremento dispuesto en el decreto 1144/18 totaliza, al 1° de septiembre, un 19% de aumento acumulado sobre los haberes de diciembre de 2017. De esta manera, la decisión de la gobernadora Vidal ignora de manera manifiesta la medida cautelar ordenada por el Tribunal de Trabajo 3 de La Plata, en cuanto dispuso la actualización por inflación de los salarios de lxs trabajadorxs judiciales (el índice medido por el INDEC para el período señalado arrojó un 24,3%).
En forma inmediata a que la Suprema Corte ratificara el 12 de septiembre la vigencia de la cautelar, la AJB pidió la intimación al Poder Ejecutivo por el incumplimiento de lo allí ordenado, pero el escrito aún no fue despachado por la presentación de un recurso federal por parte del Estado. La AJB exige el inmediato rechazo del recurso y la remisión urgente del expediente al Tribunal de Trabajo para que se ordenen las intimaciones requeridas, bajo apercibimiento de la aplicación de multas y de las responsabilidades penales de lxs funcionarixs responsables del incumplimiento.
Como consecuencia de la negativa del Ejecutivo a abrir la negociación salarial, en lo que va de 2018 los 24.000 empleadxs y funcionarixs judiciales sufrieron un deterioro de sus salarios del orden del 10%. El dato surge de un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIyF) de la AJB, que toma como fuentes el Indice de Precios al Consumidor que mide el INDEC -para el período enero-agosto-, y el promedio de las mediciones de consultoras privadas para el mes de septiembre de 2018.
Tucumán 1966, CABA.
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