En los últimos años los gobiernos nacional y provincial han impulsado distintas iniciativas tendientes a modificar el funcionamiento del sistema judicial y los códigos de procedimiento de algunos fueros.
En el plano provincial, estos proyectos han incluido cambios en el procedimiento del fuero penal juvenil, en el régimen procesal penal y en la ley de procedimiento laboral, así como también la iniciativa para conformar la comisión del mapa judicial y la regulación del Jurado de Enjuiciamiento de los magistrados y magistradas.
En todos ellos la AJB ha expresado la posición de los trabajadores y las trabajadoras judiciales, tanto a través de documentos que fueron producto de distintas instancias de participación y debate colectivos, como así también mediante la intervención de integrantes de la conducción provincial en la legislatura provincial.
En el debate referido al procedimiento de jury, desde la AJB señalamos que existe un divorcio entre la sociedad y las instituciones que fiscalizan el comportamiento ético y funcional de quienes tienen a su cargo la administración de justicia. Allí cuestionamos que el Jurado de Enjuiciamiento pueda llevar adelante sesiones secretas y que tanto la Suprema Corte como la Procuración General tengan atribuciones excesivas, ajenas a un control político externo al Poder Judicial que debe primar en esta instancia.
En la discusión tendiente a crear la Comisión Permanente del Mapa Judicial, la AJB reclamó que se incorpore en dicho ámbito a la representación de los trabajadores y trabajadoras judiciales, así como también a otras organizaciones que a nivel provincial están vinculadas, de una u otra manera, a la problemática judicial.
La AJB también intervino activamente en el debate sobre el nuevo procedimiento del fuero penal juvenil. Allí sostuvimos que el proyecto estaba lejos de brindar herramientas para dar respuesta a los problemas que el fuero arrastra desde hace tiempo y que, por el contrario, apuntaba a consolidar criterios punitivos, basados en los parámetros de peligrosidad y selectividad penal. Por el contrario, señalamos que la reforma debería incluir abordajes interdisciplinarios, reforzar los procesos socio-educativos, y fundamentalmente respetar las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales que han sido suscriptos por nuestro país.
Las discusiones sobre la reforma al procedimiento penal en líneas generales han seguido los mismos ejes, y en tal sentido desde la AJB volvimos a plantear la necesidad de evitar que se profundice el carácter punitivo y la selectividad del sistema penal. Asimismo, señalamos que las medidas propuestas están lejos de traducirse en una mayor protección de las víctimas de un delito en el marco del proceso penal.
Finalmente, desde la AJB también elaboramos un documento referido al proyecto de reforma del procedimiento laboral, cuyas principales conclusiones fueron expuestas en la legislatura provincial. Allí destacamos que la reforma propuesta no solo afectará las condiciones de trabajo de quienes hoy se desempeñan en el fuero, sino que perjudicará sustancialmente la capacidad de la justicia del trabajo para dar respuesta a las violaciones de derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia.
Entendemos que la participación de los trabajadores y las trabajadoras judiciales en la discusión sobre los proyectos de ley que apuntan a modificar el funcionamiento del Poder Judicial resulta imprescindible, no sólo para garantizar que dichas transformaciones no impliquen un retroceso en materia de las condiciones de trabajo, sino fundamentalmente como una forma de contribuir a la democratización del Poder Judicial, acercándolo a las necesidades de todos los habitantes de la provincia.
Proyecto Enjuiciamiento de Magistrados
Proyecto Reforma del Procedimiento laboral
Proyecto Reforma del Procedimiento Penal Juvenil
Tucumán 1966, CABA.
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