A lo largo de su historia, la Asociación Judicial Bonaerense ha sido un actor importante en la defensa de los Derechos Humanos y en la búsqueda de la verdad acerca de los hechos ocurridos durante la última dictadura militar, instaurada el 24 de marzo de 1976.
Como trabajadores de uno de los tres poderes que integran el Estado, no podemos dejar de reflexionar sobre la responsabilidad de la Justicia y condenar su accionar. Desde la AJB, siempre hemos sostenido que sin la complicidad del Poder Judicial, el plan de exterminio de miles de argentinos y apropiación de bebés llevado adelante por los sucesivos gobiernos militares no hubiera sido posible.
Un hecho concreto sirve para respaldar la veracidad de nuestra afirmación. El 13 de junio de 1977, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, dictó una resolución en la que “recomendaba” a los Tribunales y jueces provinciales que en la tramitación de los hábeas corpus, se abstuvieran de pedir informes relacionados con personas detenidas y/o desaparecidas a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Lejos de ser dejada sin efecto con el advenimiento de la democracia, dicha resolución siguió vigente hasta el 15 de marzo de 2006, fecha en la que fuera derogada por la Corte actual.
Esta y otras cuestiones, tales como la imputación de jueces, defensores, fiscales, asesores de menores y secretarios en causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad, nos permiten afirmar que quienes debieron ser garantes de la libertad y la justicia, no sólo muchas veces miraron hacia otro lado sino que fueron cómplices de los que comandaron el período más nefasto de nuestra historia.
Pese a la dura condena que hacemos al accionar del Poder Judicial en su conjunto, consideramos un acto de justicia mencionar a quienes constituyeron honrosas excepciones. Entre ellos, el ex Fiscal General de Bahía Blanca, el Dr. Hugo Cañon, y el ex Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la misma ciudad, Dr. Luis Alberto Cotter.
Estos compañeros en el inicio de su carrera fueran activos militantes de la AJB y siguieron sosteniendo sus ideales cuando asumieron cargos de magistrados, erigiéndose en inclaudicables defensores de los derechos humanos y en actores claves para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Su esfuerzo, entre el de tantos otros, ha permitido que los 30.000 detenidos desaparecidos no quedaran en el olvido y que los responsables de tan aberrantes crímenes fueran juzgados y condenados.
Por último, en recuerdo de las víctimas del terrorismo de estado, este 24 de marzo convocamos a todos los judiciales bonaerenses a participar de las actividades que se realicen a lo largo y ancho de la provincia y rendimos nuestro homenaje a quienes dieron la vida en defensa de sus ideales.