Repudio de los trabajadores judiciales

 

La Asociación Judicial Bonaerense expresa su repudio y preocupación por la decisión del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, de designar por decreto a los Dres. Carlos Rosenkrantz y Carlos Rosatti como ministros de la Corte Suprema de la Nación, quienes permanecerán en dicho cargo en comisión hasta que el Senado defina sus pliegos y por un plazo máximo de casi un año.

Recordemos que la Constitución Nacional prevé que los magistrados de la Corte Suprema sean designados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de dos tercios de los miembros presentes del Senado. El objetivo de esta norma es garantizar la construcción de un consenso mínimo entre las diferentes fuerzas políticas respecto de las cualidades del candidato o candidata, limitando las posibilidades de que el Presidente conforme una Corte sometida a su voluntad.

Indudablemente, el propósito político de esta decisión es eludir este mecanismo de control democrático, lo que toma especial relevancia en una coyuntura política de profundas transformaciones que podrían motivar cuestionamientos judiciales cuya resolución final quedará en manos del Máximo Tribunal.

También la decisión del Presidente Macri vulnera en los hechos el procedimiento previsto en el Decreto 222/03, que constituyó un avance en la democratización de la designación de los jueces de la Corte Suprema al posibilitar al conjunto de la población y sus organizaciones conocer los antecedentes de los candidatos y realizar observaciones o cuestionamientos a los mismos, previo a la elevación de la propuesta al Senado.

Resulta preocupante la ausencia de un repudio categórico y generalizado por parte de un sector de los medios masivos de comunicación, los partidos políticos y las personalidades del ámbito académico.

Como trabajadores judiciales exigimos la revocación inmediata del decreto presidencial que cuestionamos y el cumplimiento irrestricto del Art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional y el Decreto 222/03, así como el impulso de un proceso de democratización de la Justicia basado en la transparencia y el debate.