Sin agua, con otras presiones

 

La rotura de una bomba el pasado lunes provocó que en el edificio del Ministerio Público de la Av. Balbín nº 1959 se cortara el suministro de agua. El corte, que afectó tanto al personal del edificio como a cientos de ciudadanos que concurren a realizar trámites, se prolongó por todo el día martes. Ante la falta de respuesta de las autoridades y a pedido del personal que trabaja en el edificio, la AJB convocó a realizar una asamblea el miércoles a las 8 hs.

Minutos antes del inicio de la asamblea, la AJB se comunicó con los responsables de la Delegación de Arquitectura del Ministerio Público Departamental, quienes informaron que no podían dar certeza alguna del momento del día en que se pondría en funcionamiento la nueva bomba.

Ante esta situación, la AJB solicitó al Fiscal y al Defensor General la suspensión de actividades en el edificio, dejando una guardia para atender urgencias. En la asamblea de las 8 hs. la AJB informó el estado de situación y los pedidos de suspensión de actividades, y se decidió abrir un compás de espera hasta las 9.30 hs. por si se encontraba una solución al problema.

Minutos después el Fiscal General Marcelo Lapargo comunicó a la AJB que no se tomaría medida alguna para suspender la actividad normal, con excepción de habilitar el retiro de las mujeres embarazadas. La AJB contestó que ante la falta de medidas para preservar la salud de sus representados (empleados y funcionarios) instruirían al personal a retirarse del edificio. Por su parte, la Defensoría General mantuvo su silencio habitual.

A las 10 hs. se realizó la segunda asamblea, esta vez con presencia de empleados, funcionarios y algunos Fiscales y Defensores, en la que se decidió el retiro de los empleados hasta tanto se garantice la provisión de agua. Como era de esperar, la presión generada logró que a las 11 hs. –un día y medio después del corte- se solucionara el problema del agua.

Lamentablemente, una vez más la Fiscalía General intenta avasallar la potestad de los trabajadores de organizarse y reclamar por el pleno goce de sus derechos, intentando amedrentar a través de un pedido a los Fiscales para que informen quiénes se retiraron del lugar de trabajo luego de la asamblea.

La AJB repudia la metodología persecutoria del Fiscal General, a la vez que garantiza el completo respaldo a aquellos que decidieron ejercer sus derechos en el marco de una medida dispuesta en asamblea y avalada por el sindicato que los representa. Como se demostrara en el paro realizado en Malvinas en diciembre de 2013, el miedo a las consecuencias de comprometerse en el reclamo se va perdiendo.

La situación vivida en el edificio de la Av. Balbín (conocido tristemente como “La Gomería”), es sólo la punta del iceberg de los problemas estructurales de ese inmueble, así como de la precariedad edilicia general asumida y tolerada por el Ministerio Publico en San Martín.

Precariedad que, como en Malvinas o las Defensorías Civiles y Asesorías, genera en los trabajadores la necesidad de organizarse para encontrar soluciones que de otro modo no llegan.