#3J: Ni Una menos

 

El 3 de junio de 2015 el movimiento feminista dijo “basta”. El femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada cuyo cuerpo fue encontrado en el patio de la casa de la familia de su novio en Santa Fe, desató la bronca que se venía gestando desde tiempo antes por los sistemáticos casos de violencia de género, generando masivas movilizaciones a lo largo y ancho del país bajo la consigna #NiUnaMenos.

Desde aquel día ha crecido la organización y el movimiento feminista ha tenido grandes conquistas. En el caso específico de las trabajadoras judiciales, luego de una lucha de varios años, la AJB conquistó la licencia laboral por violencia de género. Así también, en un hecho inédito para el Poder Judicial, se logró la expulsión del juez de familia de Olavarría Claudio García por acoso laboral y acoso sexual.

En la misma línea, la AJB dio un paso histórico en la lucha contra la violencia de género, aprobando en el Congreso Provincial del gremio el “Protocolo para prevenir, detectar, intervenir y erradicar situaciones de violencia de género” en el ámbito sindical, y expulsando a dos afiliados (uno de ellos dirigente provincial) por hechos de violencia de género,

Sin embargo hay muchas deudas pendientes y es imposible escindir las respuestas que da el Poder Judicial a sus trabajadoras en los casos de violencia de género, de las que brinda a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries que concurren a los tribunales en busca de justicia. Respuestas ineficaces, sin perspectiva de género y muchas veces misóginas y patriarcales.

Mientras que la violencia de género y su cara más extrema, los femicidios, travesticidios y trans-femicidios, al igual que las desigualdades e inequidades se incrementan a diario, las dificultades para el acceso a la justicia, la revictimización, la violencia institucional, la falta de seguimiento de las medidas de protección, son una realidad cotidiana en los tribunales. Como así también, la violencia que padecen por parte de magistrados y funcionarios las trabajadoras judiciales en el ámbito laboral.

Un párrafo especial merecen las condiciones de trabajo, y las medidas de seguridad e higiene durante la pandemia.En este contexto es necesario incorporar la perspectiva de género en las respuestas, y que las mismas sean debatidas y decididas en ámbitos mixtos con participación de las trabajadoras y trabajadores, dando preponderancia a los criterios de salud y cuidado de la vida. En ese sentido, el sindicato reclama que se garanticen las medidas de seguridad e higiene para aquellas compañeras y compañeros que cumplen las guardias mínimas, y la dispensa laboral de las trabajadoras en período de lactancia, las personas que se encuentran al cuidado de niñas y niños en edad escolar y las que conviven con grupos de riesgo.

Débora Bertone destacó que “En el 74% de los casos las tareas de cuidado y del hogar recaen sobre las mujeres y en épocas de aislamiento ese porcentaje se incrementa; quedando en evidencia la falta de reconocimiento y de remuneración de estas tareas de cuidado y las comunitarias”.

A su vez, en esta jornada el gremio judicial remarca fuertemente la deuda impostergable del Poder Judicial Bonaerense, que es la implementación del cupo e inclusión laboral para personas travestis, transexuales y transgénero, de conformidad con lo establecido en la Ley Provincial Nº 14.783.

Desde el sindicato además también se exige una reforma Judicial integral con perspectiva de género. Destacando que en la provincia de Buenos Aires, esta reforma debe contemplar la asignación de un mayor presupuesto al Poder Judicial, que permita responder a las necesidades de nombramiento de personal, creación de dependencias y mejora de la infraestructura edilicia, entre otras cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo.

“Para garantizar el acceso a la justicia y la respuesta efectiva, con celeridad y especificidad que requiere la sociedad y en particular las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries, es necesario avanzar hacia una reforma judicial integral, con perspectiva de género y feminista, en la que no se puede excluir la voz de las y los trabajadores”, señaló Débora Bertone.

La modificación del sistema de selección de magistrados y magistradas con participación popular, perspectiva de género y de derechos humanos es un tema ineludible para avanzar en una verdadera reforma del Poder Judicial. Como así también la sanción de la ley de negociación colectiva para las y los trabajadores judiciales, la aplicación efectiva de la ley micaela, la respuesta a las denuncias por violencia de género en el ámbito laboral que realizan las trabajadoras, el apartamiento preventivo de los denunciados, y la creación del área de políticas de género -o Secretaría- en la Suprema Corte de Justicia con participación de las y los trabajadores.

Por último, desde el gremio resaltaron que en Argentina se contabiliza un femicidio cada 23 horas e innumerables casos de violencia. En la mayoría de los hechos que culminaron en femicidios se desatendieron las alertas, las denuncias y fallaron las medidas protectorias, en muchos casos producto de la falta de articulación entre los diferentes estamentos del Estado, falta de prevención, políticas públicas efectivas y asignación de un presupuesto insuficiente. Por ello reclaman la declaración urgente de la emergencia nacional por violencia de género, a fin de poder contar con los recursos necesarios para la implementación de las políticas necesarias para erradicar la violencia de género.

En el ámbito del Poder Judicial la AJB exige:

• La implementación del cupo y la inclusión laboral travesti – trans.

• Reforma judicial integral y convenio colectivo con perspectiva de género y feminista.

• La implementación del Área de políticas de género en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia con participación del sindicato.

• Presupuesto para creación de nuevas dependencias y nombramiento de mayor cantidad de personal para fueros que atienden causas de género.

• El cumplimiento efectivo de la Ley Micaela con participación de las y los trabajadores conforme lo estipulado en el Art. 4 de la ley.

• La modificación del protocolo para el otorgamiento de las licencias por violencia de género.

• La elaboración de un procedimiento específico en el marco del régimen disciplinario para los casos de violencia de género en el ámbito laboral.

• La modificación de las licencias por maternidad, paternidad y familiares desde una visión de paridad en el cuidado e incorporación de los nuevos modelos de familia; y la creación de nuevos lactarios en el Poder Judicial.

• La expulsión de todos los magistrados violentos y licencia compulsiva durante la investigación de los hechos de violencia denunciados.

• El acceso igualitario a cargos y funciones.

• Celebración ya del nuevo juicio por Lucia Perez y avance del jury a GomezUrso y Viñas, jueces de la causa.

• Patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género y sus familiares.

• En pandemia. Exigimos guardias mínimas y provisión de elementos de seguridad e higiene, de limpieza y control sanitario de los edificios de Tribunales. La vacunación de las y los trabajadores que desarrollan tareas presenciales, como así también el respeto a la dispensa laboral de las trabajadoras en periodo de lactancia, las personas que se encuentran al cuidado de niñas, niños y adolescentes o que concurren en transporte público, y la implementación de la dispensa de aquelles que conviven con grupos de riesgo.

También exigimos

• Basta de femicidios, travesticidios, y transfemicidios.

• Aparición con vida de Tehuel.

• Emergencia nacional por violencia de género.

• Presupuesto para las leyes y políticas de género.

• Mejores condiciones de trabajo y salarios para les trabajadores esenciales y vacunas para todes.

• Cumplimiento de la IVE y ESI en todo el país.

• Vivas, libres y desendeudadas nos queremos.