El 16 de octubre de 2005, treinta y tres detenidos de la Unidad Penal 28 de Magdalena murieron asfixiados y quemados tomados de las rejas del Pabellón 16, en el que habían sido encerrados por personal del Servicio Penitenciario.
A diez años de la masacre, no sólo no hay culpables, sino que persisten las condiciones gravosas de detención, donde las torturas, el hacinamiento, la mala alimentación y las falencias en la atención médica son moneda corriente, en un claro avasallamiento a los principios constitucionales y del derecho internacional vigentes en la materia.
La Asociación Judicial Bonaerense expresa nuevamente su solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas, a la vez que suma su voz a la del conjunto de organizaciones sindicales y de derechos humanos que reclaman juicio y castigo para los responsables de la masacre.