{"id":7813,"date":"2026-09-14T19:59:43","date_gmt":"2026-09-14T19:59:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/?p=7813"},"modified":"2026-09-15T14:59:36","modified_gmt":"2026-09-15T14:59:36","slug":"como-impacta-la-reforma-penal-juvenil-en-la-provincia-de-buenos-aires","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/2026\/09\/14\/como-impacta-la-reforma-penal-juvenil-en-la-provincia-de-buenos-aires\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00d3MO IMPACTA LA REFORMA PENAL JUVENIL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES?"},"content":{"rendered":"\t\t
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J\u00f3venes en la mira<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\u00a0\u00bfC\u00d3MO IMPACTA LA REFORMA PENAL JUVENIL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES?<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Un an\u00e1lisis t\u00e9cnico-jur\u00eddico que cuestiona la baja de la edad de punibilidad y demuestra que el endurecimiento punitivo proyecta un estallido sobre un sistema de institutos de menores.<\/span> <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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J\u00f3venes en la mira<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\u00a0\u00bfC\u00d3MO IMPACTA LA REFORMA PENAL JUVENIL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES?<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Un an\u00e1lisis t\u00e9cnico-jur\u00eddico que cuestiona la baja de la edad de punibilidad y demuestra que el endurecimiento punitivo proyecta un estallido sobre un sistema de institutos de menores.<\/span> <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Por Nahuel Nicol\u00e1s N. Ortiz <\/b><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Abogado, Diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Infanto-Juvenil, Auxiliar Letrado de Juzgado de Garant\u00edas del Joven en el Departamento Judicial de San Isidro. Integrante de la AJB San Isidro.<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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En septiembre entr\u00f3 en vigencia el Nuevo R\u00e9gimen de Responsabilidad Penal Juvenil Nacional a partir de la sanci\u00f3n y promulgaci\u00f3n de la Ley Nacional N\u00ba 27.801 y todo el sistema judicial y de protecci\u00f3n de derechos de nuestra provincia est\u00e1 en alerta.\u00a0<\/span><\/p>

Tanto es as\u00ed que la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, hizo lugar a un habeas corpus colectivo por el cual decidi\u00f3 suspender por un plazo de 60 d\u00edas la aplicaci\u00f3n de la nueva ley en la Provincia de Buenos Aires. En la resoluci\u00f3n se fundament\u00f3 que no existen hoy las condiciones materiales necesarias para afrontar el nuevo esquema sin vulnerar derechos fundamentales.<\/span><\/p>

A su vez, el titular de la Fiscal\u00eda en lo Penal Juvenil del mismo departamento judicial, Hern\u00e1n Ceruti apel\u00f3 el fallo y ahora desde la Libertad Avanza pretenden llevar a un jury a la jueza Pascual.<\/span><\/p>

\u00bfPor qu\u00e9 tanto ruido? Aunque discursivamente la reforma se present\u00f3 como la modernizaci\u00f3n necesaria para dejar atr\u00e1s el \u00abmodelo tutelar\u00a0 y paternalista\u00bb de la minoridad e instalar un sistema de responsabilidad penal basado en el reconocimiento del adolescente como sujeto pleno de derechos, su articulado introduce modificaciones dogm\u00e1tico-penales de profundo sesgo punitivista.<\/span><\/p>

Uno de los cambios m\u00e1s dr\u00e1sticos de la nueva ley es la reducci\u00f3n de la edad de punibilidad, ya que se incorpora a persecuci\u00f3n criminal a la franja etaria de 14 y 15 a\u00f1os, hist\u00f3ricamente no punible y tutelada de manera exclusiva por la protecci\u00f3n integral de derechos conforme Ley nacional 26.061 y ley 13.298 de la Provincia de Buenos Aires.\u00a0<\/span><\/p>

En cuanto a las sanciones, la normativa nacional dise\u00f1a un cat\u00e1logo de medidas que incluyen desde amonestaciones orales, prohibici\u00f3n de contacto, prestaci\u00f3n de servicios comunitarios, reparaci\u00f3n del da\u00f1o y medidas socioeducativas, hasta la privaci\u00f3n de la libertad como \u00faltima opci\u00f3n. Por otro lado, impulsa la creaci\u00f3n de un fuero aut\u00f3nomo especializado, con jueces, fiscales y defensores capacitados espec\u00edficamente en ni\u00f1ez, e incorpora la participaci\u00f3n directa de la v\u00edctima en audiencias clave y en el control del proceso, d\u00e1ndole un rol activo a la v\u00edctima. Sin embargo, a la par, la ley regulariza la prisi\u00f3n preventiva prolongada, permitiendo que esta medida cautelar m\u00e1xima se extienda hasta por dos a\u00f1os, prorrogables por un a\u00f1o adicional. Si se aplica la normativa nacional esto resulta desproporcionado en relaci\u00f3n a los est\u00e1ndares internacionales de ni\u00f1ez.<\/span><\/p>

El choque con las normativas bonaerenses<\/strong><\/span><\/h3>


Para comprender la operatividad de la Ley N\u00ba 27.801 en el territorio bonaerense, resulta indispensable correlacionar sus preceptos con el marco normativo local preexistente: la Ley N\u00ba 13.634 (Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y Fuero de Familia) y la Ley N\u00ba 13.298 (Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n Integral de los Derechos de los Ni\u00f1os).<\/span><\/p>

Mientras la Ley 13.298 concibe la vulnerabilidad social como un problema que requiere pol\u00edticas p\u00fablicas de inclusi\u00f3n, la nueva ley nacional desplaza este abordaje protectorio e ingresa a j\u00f3venes de catorce a\u00f1os al engranaje punitivo. A su vez, la Ley de Protecci\u00f3n Integral de los Derechos de los Ni\u00f1os establece estrictas salvaguardas procesales de nivel garantista que colisionan con el rigor cautelar de la nueva ley nacional.<\/span><\/p>

Las diferencias son profundas en varios ejes y analizamos punto por punto. En primer lugar el sujeto de intervenci\u00f3n y el l\u00edmite de punibilidad de la nueva Ley Nacional son adolescentes punibles desde los catorce a los diecisiete a\u00f1os, mientras que en el Fuero Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires esa misma franja etaria son j\u00f3venes sometidos a un proceso penal garantista y la Ley de Protecci\u00f3n Integral de la provincia son ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n, donde menores de catorce a\u00f1os no son punibles y deben ser abordados por Servicios locales o zonales.\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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En materia de garant\u00edas procesales vemos que frente a la prisi\u00f3n preventiva extendida hasta por tres a\u00f1os que admite la Ley nacional, la Ley provincial 13.634 constituye un valuarte t\u00e9cnico en materia procesal que impone barreras infranqueables a la discrecionalidad policial y judicial: establece la prohibici\u00f3n absoluta de interrogatorios policiales, declarando nula cualquier declaraci\u00f3n obtenida por esta fuerza de seguridad. Tambi\u00e9n garantiza la reserva absoluta de la identidad y la confidencialidad de nombres, im\u00e1genes o datos que permitan identificar al joven en medios de comunicaci\u00f3n\u00a0 y exige la presencia obligatoria de un defensor oficial desde el primer acto del procedimiento.<\/span><\/p>

Por \u00faltimo, en cuanto a la ejecuci\u00f3n territorial, la nueva ley requiere la articulaci\u00f3n de programas de inserci\u00f3n. En consonancia con la reforma, la Ley provincial N\u00ba 15.571 de Ejecuci\u00f3n Penal Juvenil reafirma que el seguimiento de las medidas del Art. 12 de la Ley 27.801 no puede quedar bajo \u00f3rbita policial o penitenciaria, sino a cargo de profesionales territoriales (trabajadores sociales, psic\u00f3logos y pedagogos de la comunidad).<\/span><\/p>

El denominado Plan de Ejecuci\u00f3n Individual (Art. 24, Ley 15.571) exige un anclaje en el centro de vida del adolescente, ponderando la responsabilizaci\u00f3n subjetiva, la inclusi\u00f3n laboral y educativa, y la evaluaci\u00f3n din\u00e1mica trimestral ante el Juez de Ejecuci\u00f3n para promover la extinci\u00f3n anticipada de la medida.<\/span><\/p>

Las cr\u00edticas a la expansi\u00f3n del control punitivo<\/strong><\/span><\/h3>


La reforma ha recibido fuertes cuestionamientos por parte de colegios de abogados, gremios judiciales y organismos internacionales, quienes advierten sobre un <\/span>ensanchamiento de la red punitiva estatal sobre las adolescencias m\u00e1s postergadas, disfrazado de modernizaci\u00f3n t\u00e9cnica.<\/b>\u00a0<\/span><\/p>

El pilar cr\u00edtico m\u00e1s severo radica en la vulneraci\u00f3n del Principio de No Regresividad en Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 CN). Al reducir la edad de punibilidad de los 16 a los 14 a\u00f1os, el Estado argentino retrotrae est\u00e1ndares de protecci\u00f3n ya consolidados. La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o de la ONU (Observaci\u00f3n General N\u00ba 24) han establecido de forma tajante que los Estados parte no deben disminuir la edad m\u00ednima de responsabilidad penal bajo ninguna circunstancia cuando ya hayan fijado un est\u00e1ndar superior.<\/span><\/p>

Otro punto alarmante es la criminalizaci\u00f3n de delitos de escasa lesividad y judicializaci\u00f3n escolar.\u00a0<\/span><\/p>

Bajo el r\u00e9gimen de la Ley N\u00ba 22.278, los j\u00f3venes de 16 y 17 a\u00f1os no son punibles por delitos con penas menores a dos a\u00f1os o de acci\u00f3n privada. La Ley N\u00ba 27.801 barre con este piso cautelar, por lo que\u00a0 infracciones menores como lesiones leves entre pares, da\u00f1os simples a instalaciones edilicias o mobiliario, amenazas simples o discusiones escolares, e incluso hurtos simples, pasan a ser punibles para j\u00f3venes desde los catorce a\u00f1os. Ahora casos de lesiones leves, agresiones y\/o \u201camenazas\u201d, hostigamiento o situaciones de Bullying escolar, ser\u00e1n a\u00fan m\u00e1s judicializados, profundizando la ya judicializaci\u00f3n de la convivencia escolar. La respuesta pedag\u00f3gica enmarcada en la Ley N\u00ba 26.892 de Convivencia Escolar o el abordaje de los gabinetes psicopedag\u00f3gicos es desplazada entonces por la intervenci\u00f3n de fiscales y polic\u00edas, transformando disputas de la etapa evolutiva en antecedentes penales formalizados.<\/span><\/p>

A estos argumentos se suma la contradicci\u00f3n con la Neurociencia y el desarrollo cognitivo. Frente al argumento gubernamental que presupone una \u00abplena comprensi\u00f3n de la criminalidad\u00bb a los 14 a\u00f1os producto de la era de la informaci\u00f3n, la evidencia neurocient\u00edfica y psicol\u00f3gica demuestra lo contrario. Los estudios indican que el l\u00f3bulo frontal del cerebro, \u00e1rea encargada de la planificaci\u00f3n, la autorregulaci\u00f3n emocional, el control de impulsos y la evaluaci\u00f3n de riesgos, completa su maduraci\u00f3n pasados los veinte a\u00f1os de edad. A los catorce a\u00f1os, la capacidad para resistir la presi\u00f3n de los pares o alejarse de entornos violentos es sumamente limitada, especialmente cuando est\u00e1 condicionada por contextos de exclusi\u00f3n social.<\/span><\/p>

Por otra parte, la Ley N\u00ba 27.801 incorpora la posibilidad de computar las condenas dictadas en la adolescencia para declarar la reincidencia en la etapa adulta. Esto destruye el principio de especialidad juvenil que busca evitar el etiquetamiento permanente, instaurando un aut\u00e9ntico \u00abderecho penal de autor\u00bb. Adem\u00e1s tipifica la escolarizaci\u00f3n como una \u00abmedida complementaria judicial\u00bb. Convertir el derecho humano fundamental a la educaci\u00f3n en una pauta de conducta o sanci\u00f3n penal desnaturaliza la funci\u00f3n de la escuela p\u00fablica y evidencia la incapacidad del Estado para garantizar derechos de forma previa al conflicto.<\/span><\/p>

Populismo Punitivo: Matriz medi\u00e1tica, pol\u00edtica y de seguridad<\/strong><\/span><\/h3>


La g\u00e9nesis y r\u00e1pida aprobaci\u00f3n de la Ley N\u00ba 27.801 se explica a trav\u00e9s de la confluencia de tres vectores de presi\u00f3n dentro de la agenda p\u00fablica.\u00a0<\/span><\/p>

En primer lugar, el vector pol\u00edtico, en el que la\u00a0 baja de la imputabilidad opera como una \u201csalida r\u00e1pida\u201d o respuesta efectista frente a la demanda social de seguridad. Permite a la dirigencia exhibir dureza penal mientras oculta su inoperancia estructural para solucionar el desempleo juvenil, la deserci\u00f3n escolar y la penetraci\u00f3n del crimen organizado en las barriadas.\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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En segundo lugar el vector medi\u00e1tico ya que los medios masivos de comunicaci\u00f3n construyen un \u201cenemigo creado\u201d a trav\u00e9s de sobredimensionar de forma sistem\u00e1tica los hechos delictivos con participaci\u00f3n de menores. La narrativa de la \u00abpuerta giratoria\u00bb instala un sentido com\u00fan punitivo que exige el encierro precoz como \u00fanica garant\u00eda de paz social.\u00a0<\/span><\/p>

Y por \u00faltimo, el vector de seguridad que constituye una herramienta de control territorial. Al dotar de cobertura legal la persecuci\u00f3n penal a partir de los 14 a\u00f1os, se ampl\u00edan las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar aprehensiones, requisas y hostigamiento preventivo sobre j\u00f3venes de sectores populares bajo figuras como \u00abresistencia a la autoridad\u00bb.<\/span><\/p>

Crisis del Sistema\u00a0<\/strong><\/span><\/h3>


Mientras el Poder Legislativo nacional expande la red punitiva, la realidad operativa en la Provincia de Buenos Aires denota un colapso estructural <\/b>en el Organismo Provincial de la Ni\u00f1ez y Adolescencia (OPNyA) y su red de Centros Cerrados, de Recepci\u00f3n y Centros de Contenci\u00f3n Comunitarios. La aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la Ley N\u00ba 27.801 proyecta una par\u00e1lisis del sistema.<\/span><\/p>

Los centros dispositivos del OPNyA (tales como el Centro Recepci\u00f3n La Plata, Pablo Nogu\u00e9s, Dolores, entre otros) registran desde hace a\u00f1os graves deficiencias de infraestructura: falencias graves en sistemas sanitarios, falta de agua potable, calefacci\u00f3n deficiente, riesgos de incendio y falta de espacios para talleres pedag\u00f3gicos. La incorporaci\u00f3n potencial de miles de j\u00f3venes de 14 y 15 a\u00f1os al circuito de medidas cautelares privativas de la libertad amenaza con desbordar la capacidad f\u00edsica de las plazas disponibles, derivando inevitablemente en situaciones de sobrepoblaci\u00f3n, tratos crueles, inhumanos y degradantes.<\/span><\/p>

Desde la perspectiva gremial, el aspecto m\u00e1s cr\u00edtico del OPNyA es la insostenible precarizaci\u00f3n del personal que sostiene el sistema. Existe una sobrecarga y un riesgo f\u00edsico concreto para los y las asistentes de minoridad y educadoras y educadores de planta que ya sufren el agotamiento por falta de personal y est\u00e1n expuestos a situaciones de violencia sin elementos de resguardo adecuados ni capacitaci\u00f3n continua. Adem\u00e1s, los y las profesionales de los equipos interdisciplinarios (trabajadores sociales, psic\u00f3logos y socializadores) perciben salarios por debajo de la l\u00ednea de pobreza, registr\u00e1ndose una fuga constante de profesionales matriculados hacia la pr\u00e1ctica privada. Tambi\u00e9n se hace evidente la falta de recursos operativos para realizar el seguimiento territorial continuo que es exigido por la Ley 15.571. Los Servicios Locales y Zonales de Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Derechos (Ley 13.298) carecen de insumos b\u00e1sicos\u00a0 como veh\u00edculos para traslados, telefon\u00eda, vi\u00e1ticos y fondos de emergencia.<\/span><\/p>

Frente al colapso del personal civil del OPNyA, existe el riesgo inminente de que el Estado provincial recurra a la delegaci\u00f3n del control interno en fuerzas de seguridad o personal penitenciario. Esto vulnerar\u00eda frontalmente la Ley 13.634, que proh\u00edben expresamente que la custodia y direcci\u00f3n de los centros de menores est\u00e9 en manos de personal penitenciario o policial.<\/span><\/p>

Bajo la alfombra\u00a0<\/strong><\/span><\/h3>


La sanci\u00f3n de la Ley N\u00ba 27.801 no resuelve el problema de la inseguridad urbana, sino que desplaza las falencias del sistema socio-estatal hacia el terreno del castigo penal temprano. La pretensi\u00f3n de juzgar a adolescentes de 14 a\u00f1os como si poseyeran la madurez y autonom\u00eda reflexiva de un adulto ignora la doctrina internacional de derechos humanos y la evidencia cient\u00edfica sobre el desarrollo cognitivo.<\/span><\/p>

En el plano provincial, existe una insalvable contradicci\u00f3n entre el endurecimiento normativo nacional y la pauperizaci\u00f3n material del sistema de ni\u00f1ez bonaerense. Pretender aplicar un marco penal hipertrofiado sobre un Organismo Provincial de la Ni\u00f1ez y Adolescencia (OPNyA) vaciado de recursos, con trabajadores precarizados y centros colapsados, es una f\u00f3rmula destinada al fracaso institucional y a la violaci\u00f3n masiva de derechos fundamentales.<\/span><\/p>

La respuesta ante el conflicto social violento en las adolescencias no puede ser el adelantamiento de la agresi\u00f3n punitiva estatal, sino la garant\u00eda real y previa de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales consagrados en la Ley 13.298.<\/span><\/p>

Ser\u00e1 la Suprema Corte de Justicia de la provincia quien en lo sustancial tendr\u00e1 que en definitiva establecer directrices o l\u00edneas de actuaci\u00f3n como lo hizo ya en el marco de la aplicaci\u00f3n de la ley 15.571, en el \u00e1mbito de su competencia jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Un an\u00e1lisis t\u00e9cnico-jur\u00eddico que cuestiona la baja de la edad de punibilidad y demuestra que el endurecimiento punitivo proyecta un estallido sobre un sistema de institutos de menores. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7815,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"elementor_canvas","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[93],"tags":[],"class_list":["post-7813","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jovenes-en-la-mira"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7813"}],"version-history":[{"count":28,"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7813\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7857,"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7813\/revisions\/7857"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7815"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajb.org.ar\/enmarcha\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}