Cocineras de comedores populares, cartoneros, trabajadores y trabajadoras de la economía popular y cooperativistas, ya no recibirán ese salario complementario. En cambio, el Gobierno de Javier Milei propone reemplazar este esquema por vouchers de capacitación laboral. En lugar de resolver una necesidad primaria, se ofrece acceso a cursos de carpintería, electricidad, plomería o cuidado de personas. Lo que se presenta como formación entra en zona de promesas, cuando no hay ninguna garantía de acceso real a estas instancias de capacitación ni hay vínculo inmediato que permita concretar una oferta laboral. El cambio es profundo: desaparece el ingreso mensual cotidiano, pone condiciones y no garantiza empleo.  

“Nadie puede proyectar un futuro cuando no sabe si hoy va a poder comer”, agrega Norma Morales. “En nuestros barrios hay saberes que no están en los diplomas, mujeres que organizan redes de cuidado, que administran lo poco como si fuera mucho, que cocinan para cien con ingredientes para veinte, que contienen, escuchan, resuelven. Eso también es un oficio, aunque nunca haya sido reconocido. Pero además, nosotras no solo queremos capacitarnos, queremos que se reconozcan y se escuchen nuestros saberes populares. Porque todos los días, en los comedores, en las cooperativas, en los polos productivos, en los espacios de cuidado, construimos conocimiento real, sabemos cuántas familias comen, cómo impacta la crisis en el barrio, cómo sostener una red cuando todo falta. Producimos datos, estadísticas, diagnósticos, respuestas. Pero ese conocimiento no tiene valor para quienes gobiernan, porque implicaría reconocer a un pueblo organizado, empoderado y capaz de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. La idea de que todo se resuelve con capacitación desconoce una verdad muy simple, no se aprende con hambre, no se estudia con angustia, no se construye con la heladera vacía. Sin un ingreso básico, la capacitación se vuelve un privilegio al que pocas podemos acceder. Y sin trabajo garantizado, se transforma en una promesa que se desvanece”. 

Su desaparición perjudica no solo a quienes eran beneficiarios del plan. Es sabido que a menores ingresos en los hogares, habrá menos consumo en los comercios barriales, porque ese ingreso muchas veces se destinaba a pagar alquileres, alimentos y transporte. Millones de pesos dejan de circular en las economías locales. 

Morales agrega que no solo se trata del gasto cotidiano, sino de la función social del trabajo comunitario que tenía esta contraprestación: “Ese dinero no se acumulaba, no se especulaba, circulaba. Se transformaba en pan en el almacén, en útiles para los chicos, en un gas para seguir cocinando. Era economía real, concreta, cotidiana. Era también lo que sostenía el entramado comunitario, esa red invisible pero imprescindible que hace que un barrio no se caiga. Por eso, cuando se pierde, no desaparece solo un ingreso,se apaga un poco la vida comunitaria. Se resienten los comedores, en los espacios de cuidados comunitarios, se achican las ollas, se sobrecargan cuerpos ya agotados, sobre todo de mujeres que sostenemos todo. El Papa Francisco nos nombró como “poetas sociales”, y no es una metáfora lejana, es lo que somos. Donde falta todo, inventamos lo que no hay. Donde hay dolor, construimos comunidad y esperanza. Quitar ese ingreso es también negar ese trabajo”. 

El impacto es particularmente fuerte en las provincias del Norte Grande, donde se concentra una gran parte de los beneficiarios. En distritos como Tucumán, decenas de miles de personas perderán ese ingreso, y miles de millones de pesos dejarán de movilizar la economía local. Los Gobiernos provinciales ya advierten sobre el efecto en el consumo, el empleo y la cohesión social.