Sociedad
NATALIDAD, DESIGUALDAD Y DERECHOS
Un análisis sobre la caída de la tasa de nacimientos en la Argentina.
Sociedad
NATALIDAD, DESIGUALDAD Y DERECHOS
Un análisis sobre la caída de la tasa de nacimientos en la Argentina.
La caída de la natalidad en Argentina no puede analizarse de manera lineal ni descontextualizada. El abordaje de este fenómeno, basado en estudios rigurosos y en la interpretación seria de las estadísticas, conduce a una conclusión central: se trata de un proceso complejo y multicausal.
La disminución de los nacimientos, además, no es un hecho aislado ni exclusivamente local, sino una tendencia sostenida a nivel mundial que los Estados deben estudiar con objetividad para comprender sus causas y diseñar políticas públicas acordes.
Diversas investigaciones muestran una realidad que a menudo contradice las explicaciones simplistas sobre el tema: menos nacimientos son, en gran medida, el resultado de más derechos, menos embarazos forzados y decisiones reproductivas mediadas por las desigualdades sociales y las condiciones materiales de vida.
Durante la última década, la Argentina ingresó en una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia reciente. Según datos del INDEC y de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (DEIS), inició el siglo con una tasa de fecundidad de 1,7 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de reemplazo poblacional (2,1).
En concordancia con esa tendencia a la baja, el censo poblacional 2022 registró una tasa de 1,4. Es decir que entre 2014 y 2023, los nacimientos se redujeron más de un 40%, pasando de alrededor de 770.000 a poco más de 460.000 por año.
Sin embargo, la disminución de la fecundidad no es homogénea. Se presenta más en las zonas urbanas que en las rurales, y se acentúa al aumentar el nivel educativo. Además, hay una reducción en el tamaño de los hogares, según analizó el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral (2025).
Como demuestra la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC en 2024, los centros urbanos presentan valores relativamente estables en cuanto a los hogares con hijos y sin hijos durante los últimos 9 años. Sin embargo, en ellos podemos observar el crecimiento de hogares con un solo niño o niña por sobre los hogares con dos o más menores de 18 años.
Por otra parte, si se tiene en cuenta el máximo nivel educativo alcanzado por las mujeres entre 14 y 49 años con hijas e hijos censados en 2022, el 40,6% no tienen secundario completo; el 37,9% finalizaron ese nivel educativo; y solo el 25,5 % tienen estudios superiores o universitarios completos o incompletos. Estos datos reflejan que a mayor nivel educativo, menor cantidad de hijos (INDEC, 2024). El último censo poblacional también mostró que las mujeres comienzan a tener una mayor preponderancia en las jefaturas de hogar. En 1991 las jefas de hogar eran el 22%, en cambio en 2022 alcanzó al 49% de los hogares.
Es por eso que el dato de esta baja de la natalidad suele venir acompañado de un diagnóstico apurado: la sociedad envejece, las mujeres ya no quieren ser madres, el futuro está en riesgo. Sin embargo, cuando se corre un poco el foco la escena cambia por completo.
La pregunta relevante no es por qué nacen menos chicos, sino quiénes dejaron de parir, en qué condiciones y gracias a qué políticas.
Una parte decisiva de la caída de la natalidad se explica por la reducción del embarazo no intencional en la adolescencia. Entre 2010 y 2022, la tasa específica de fecundidad adolescente (15 a 19 años) descendió de 67,4 a 25,2 nacidos vivos por cada mil adolescentes: una caída del 62,5% en poco más de una década, según la información proporcionada por el informe del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA)2017-2023.
En el grupo de niñas de 10 a 14 años, donde los embarazos están fuertemente asociados a situaciones de abuso y coerción, también se registró una baja.
Este proceso no fue espontáneo. Coincide temporalmente con la implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), una política pública del Estado nacional intersectorial que, entre 2017 y 2023, desplegó educación sexual integral, consejerías en salud sexual y reproductiva, y acceso efectivo a métodos anticonceptivos de larga duración, especialmente en las provincias con mayores niveles de pobreza estructural.
Los propios informes del Plan muestran que más del 70% de los nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años y el 85% en niñas menores de 15 eran producto de embarazos no planificados. En 2022, según datos del DEIS y el Plan ENIA, sólo el 8,9% de los nacimientos correspondieron a madres menores de 20 años. Dicho de otro modo, la baja de la natalidad también se debe al retroceso de la maternidad forzada.
El dato es clave para desmontar una idea muy instalada: la baja natalidad no es un fenómeno únicamente de élites urbanas, sino también el resultado de políticas públicas federales que ampliaron derechos en los márgenes del país, que a pesar de seguir siendo altos en algunas provincias, han disminuido significativamente.
A pesar del éxito de esta política, en 2024, el gobierno de Javier Milei, tomó la decisión de desfinanciar el Plan ENIA y desvinculó a 700 profesionales, dejando sin política pública de prevención de embarazos no deseados a miles de niñas y adolescentes en todo el país.
Tal como explicó en diversos medios Valeria Isla, ex Directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación y actual coordinadora de proyectos de la Red de Acceso al Aborto Seguro, “con el desfinanciamiento del Plan ENIA, sin sus equipos de trabajo territoriales y sin insumos disponibles, se va a generar una brecha de desigualdad entre las provincias del NOA y NEA respecto del resto del país en materia de prevención de embarazos no intencionales, como era la situación en 2016 y 2017. El impacto sobre les adolescentes será alto”.
La caída de la natalidad en nuestro país no es homogénea. El mapa de la fecundidad en Argentina reproduce, casi sin fisuras, el mapa de la desigualdad.
En 2022, los datos de la DEIS y el Plan ENIA, muestran que la tasa de fecundidad adolescente (15-19 años) en la Ciudad de Buenos Aires fue de 6,5 por mil, mientras que en provincias como Formosa fue de 49 por mil, en Chaco 47.5 por mil y en Misiones 45,5 por mil.
Las brechas también se observan en la fecundidad temprana (10 a 14 años), con mayores tasas en provincias del NEA y NOA, muchas de ellas con alta proporción de población indígena y rural.
Allí donde el Estado llegó tarde, mal o de forma fragmentada, la maternidad sigue funcionando como un destino socialmente impuesto.
El otro gran componente de la caída de la natalidad se explica por la postergación —y en algunos casos la renuncia— a la maternidad entre mujeres adultas, sobre todo en sectores medios y urbanos.
Según informa el Ministerio de Salud de la Nación, los registros de nacimientos muestran una reducción marcada en el grupo de mujeres de 20 a 29 años y un corrimiento hacia edades mayores. En línea con una tendencia regional y global, en Argentina se observa un aumento en la maternidad de mujeres en el rango 35-39 y 40-44 años (DEIS Ministerio de Salud, 1994-2023).
Lejos de responder a una “crisis de valores”, este fenómeno está profundamente vinculado a las condiciones materiales de existencia. Precariedad laboral, informalidad, salarios que no alcanzan, alquileres impagables y ausencia de políticas de cuidado configuran un escenario donde tener hijos implica asumir riesgos económicos y vitales difíciles de sostener.
Como señalan Ana López y Natalia Gherardi en el texto Políticas poblacionales en América Latina: desafíos frente al envejecimiento y la baja fecundidad, Centro de Estudios de Estado y Sociedad 2021, “la reducción de la fecundidad en América Latina no puede analizarse sin considerar la sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres y la debilidad de los sistemas de protección social”. En sociedades donde el bienestar depende del sacrificio individual y no de arreglos colectivos, la maternidad deja de ser una posibilidad y se convierte en una amenaza.
La caída de la natalidad expone, con crudeza, una deuda estructural: la organización social del cuidado. En Argentina, como en el resto de la región, las tareas de cuidado siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, sin reconocimiento económico ni respaldo estatal suficiente.
En este contexto, la decisión de no tener hijos —o de tener menos— aparece como una estrategia racional frente a un sistema que penaliza a quienes cuidan. No es casual que la baja fecundidad conviva con niveles persistentes de desigualdad de género en el mercado laboral, brechas salariales y trayectorias laborales interrumpidas por la maternidad.
Desde esta perspectiva, el debate sobre la natalidad no puede escindirse de la discusión sobre jornadas laborales extensas, políticas de cuidado, licencias parentales, jardines maternales, sobrecarga de tareas domésticas, resignación de autonomía económica y proyectos personales.
Es por eso, que también es necesario poner en el centro del debate la “crisis de los cuidados”, un problema estructural que el movimiento feminista viene señalando desde hace años y que aún no encontró una respuesta integral del Estado.
Frente a esta realidad, la pregunta clave no es cómo hacer para que nazcan más bebés, sino cómo construir una sociedad donde tener hijos o hijas no implique empobrecerse ni perder derechos.
