Acceso a la vivienda
EL ALQUILER COMO MECANISMO DE EMPOBRECIMIENTO
Alquileres impagables, endeudamiento y políticas ausentes: la crisis habitacional en la Argentina
Acceso a la vivienda
EL ALQUILER COMO MECANISMO DE EMPOBRECIMIENTO
Alquileres impagables, endeudamiento y políticas ausentes: la crisis habitacional en la Argentina
En la Argentina, el acceso a la vivienda dejó de ser una expectativa razonable para transformarse en un problema cotidiano. Alquileres que absorben más de la mitad de los ingresos, contratos cada vez más cortos, mudanzas forzadas y un mercado sin reglas claras configuran una crisis habitacional que atraviesa clases sociales, regiones y generaciones.
Detrás del drama individual, hay una matriz estructural: caída del salario, dificultades para acceder a créditos hipotecarios, desregulación del alquiler, déficit histórico de vivienda y una política pública incapaz de responder a las necesidades de la gente.
Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran una tendencia clara: cada vez más argentinos viven en viviendas alquiladas y enfrentan dificultades crecientes para sostener esos contratos.
De acuerdo con el Censo Nacional 2022, el peso de los inquilinos creció notoriamente en la última década: el 17,4% de la población —unos 7,9 millones de habitantes— vive en inmuebles alquilados. Y un 12% lo hace en viviendas prestadas, cedidas o bajo otras formas de tenencia informal.
La tendencia se profundiza en los grandes aglomerados urbanos. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, con datos del segundo semestre de 2024 y principios de 2025, el 22% de los hogares de las principales ciudades alquila. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la proporción trepa al 35,7%, la más alta del país.
Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, organización que releva datos en todo el país, describió en diversos medios, la situación actual: “La sociedad cambió, pero el sistema habitacional no. Hay millones de personas que saben que nunca van a acceder a la vivienda propia. El problema es que el mercado de alquileres sigue funcionando como si nadie se quedara a vivir ahí mucho tiempo. Eso genera inestabilidad y expulsión”.
La combinación de pérdida de ingresos, recortes en consumos básicos, endeudamiento masivo y una creciente imposibilidad de sostener económicamente una vivienda en alquiler, es una bomba de tiempo a punto de explotar.
El principal rasgo de la crisis actual es el desfasaje entre ingresos y costos de vivienda. Según la Encuesta Nacional Inquilina realizada en junio de 2025, el alquiler y las expensas se llevan entre el 40% y el 50% de los ingresos del hogar, y en muchos casos superan el 60%.
La encuesta, además, revela un cuadro crítico: el 72% de los inquilinos está endeudado, casi 9 de cada 10 teme no poder afrontar el alquiler y más del 30% reduce comidas. Los aumentos se aplican cada pocos meses y los contratos son cada vez más cortos.
Ese fenómeno convierte al alquiler en una trampa estructural. “Cuando el alquiler se come la mitad del sueldo, el resto de la vida entra en crisis. Se deja de comprar comida, se posterga la salud, se abandonan estudios. El alquiler no solo quita techo, quita proyecto de vida”, explicó Muñoz en declaraciones periodísticas.
Además, la encuesta sumó un dato clave: tres de cada diez hogares tuvieron que mudarse por no poder afrontar los aumentos.
“Ya no hablamos solo de desalojos judiciales. Lo que creció es el desalojo económico: te aumentan, no podés pagar, te vas. No queda registro legal, pero el daño social es enorme”, advierten desde Inquilinos Agrupados.
La entrada en vigencia del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei (LLA) al asumir la presidencia, modificó drásticamente el mercado de alquileres en la Argentina y lo llevó a uno de los momentos de mayor deterioro de las últimas décadas.
Uno de los cambios estructurales más significativos es la reducción de los plazos contractuales: según los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Inquilinos 2025, el 53,3% de los inquilinos tiene contratos a 2 años; un 25,6% conserva contratos de 3 años; un 10,7% está atado a acuerdos de 1 año; y un 6,8% directamente no tiene contrato escrito.
Pero sin dudas, una de las mayores preocupaciones registradas en dicho relevamiento, es la frecuencia de actualización del precio de los alquileres, habilitada por el DNU: El 78,5% sufre aumentos en un plazo menor a los seis meses; el 31,4% cada 3 meses; el 26,3% cada 4 meses; y solo el 16,2% conserva el esquema anual tradicional.
Los nuevos criterios de ajuste también cambiaron: el 54,8% se actualiza por el Índice de Precios al Consumidor ( IPC); el 29,9% por el Índice para Contratos de Locación (ICL); y un 9% según decisión directa del propietario.
Ante esta situación, la mayor parte de los hogares destinan entre el 30% y 50% del ingreso al alquiler, mientras que un 13,9% atraviesa una situación crítica e invierte el 60% o más. Entre jubilados, la proporción se dispara: pagan en promedio 48,86% de sus haberes para alquilar
Las consecuencias son inmediatas: el 88,9% de los encuestados por Inquilinos Agrupados en 2025, anticipa que tendrá problemas para pagar el alquiler en los próximos meses. De ellos, el 47,2% está seguro de que no podrá afrontarlo y el 41,7% teme que eso ocurra “tal vez”.
Los hogares que alquilan viven bajo una presión económica creciente, con ingresos que no acompañan la suba de precios, alquileres que se actualizan cada pocos meses y endeudamiento extremo, traen aparejados recortes en la alimentación y la salud. En este sentido, la Encuesta de Inquilinos reveló que el 66% redujo gastos en alimentos y el 53% en salud.
Las conclusiones del estudio permiten anticipar un escenario crítico si no se implementan políticas públicas que estabilicen el mercado, protejan el ingreso y garanticen el derecho a la vivienda.
En un país donde cada vez más personas dependen del alquiler, la capacidad de sostener un hogar se convirtió —como describe la encuesta— en “la principal preocupación económica de la vida cotidiana”.
La crisis habitacional en la Argentina no tiene una causa única ni una solución inmediata. Es el resultado de décadas de desinversión, salarios deteriorados, mercados desregulados y políticas discontinuas.
Más allá de que la Constitución Nacional y los tratados internacionales reconocen el derecho a una vivienda digna, la lógica del mercado domina su acceso.
Desde Inquilinos Agrupados son tajantes a la hora de describir el futuro: “Mientras la vivienda sea solo una mercancía, la crisis va a seguir. No pedimos privilegios, pedimos reglas claras, estabilidad y políticas públicas”.
La crisis es tan profunda que, para millones de personas, hoy el problema ya no es cuándo comprar una vivienda, sino si podrán seguir viviendo bajo un techo el mes siguiente.
