Inteligencia Artificial
BUENOS AIRES PRIMERA PROVINCIA EN REGULAR LA IA
La provincia de Buenos Aires establece un marco pionero para regular la IA en el Estado
Inteligencia Artificial
BUENOS AIRES PRIMERA PROVINCIA EN REGULAR LA IA
La provincia de Buenos Aires establece un marco pionero para regular la IA en el Estado
En un paso histórico para la regulación tecnológica en Argentina, la provincia de Buenos Aires publicó en el Boletín Oficial, la Resolución 9/2025 de la Subsecretaría de Gobierno Digital, estableciendo las primeras “Reglas para el desarrollo, implementación y uso responsable de sistemas de Inteligencia Artificial (IA)” en la administración pública estatal.
La proliferación de herramientas de IA, especialmente después del desembarco masivo de modelos generativos tipo ChatGPT, generó al interior del Estado bonaerense la necesidad de poner límites y estándares claros. Según el gobierno provincial, la “popularización y masividad” de estas tecnologías demanda “reglas que clarifiquen su utilización en el ámbito público”, preserven “derechos fundamentales y humanos de la ciudadanía” y eviten que la innovación tecnológica avance “en desmedro de los derechos humanos”.
Tal como explicó el gobierno, esta iniciativa “tiene como finalidad dictaminar las primeras reglas generales para el desarrollo, implementación y uso responsable de sistemas de IA, dentro de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, con parámetros de base ética que garanticen la transparencia, equidad, igualdad y seguridad de todos los bonaerenses”.
La nueva regulación toma como referencia estándares internacionales. En particular, se apoyó en los “Principios de inteligencia artificial de Asilomar” de 2017, en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y también en la legislación europea vigente.
La Resolución 9/2025 de la Subsecretaría de Gobierno Digital bonaerense representa un salto cualitativo en la política pública tecnológica provincial: no es solo una guía recomendatoria, sino un marco obligatorio para todos los organismos del Estado provincial que usen, desarrollen o contraten sistemas de inteligencia artificial.
Esto marca una diferencia con muchas otras jurisdicciones que todavía operan con marcos no vinculantes o meramente guías éticas. En ese sentido, la Provincia aspira a institucionalizar la IA como un componente estructural y regulado.
Al mismo tiempo, debe leerse como parte de una estrategia de modernización del Estado y una apuesta fuerte por la “soberanía digital” bonaerense, es decir, la capacidad del Estado provincial para desarrollar, controlar y regular tecnologías digitales.
La nueva regulación fija una serie de principios que guiarán el uso estatal de la IA. Entre ellos:
Asimismo, una de las partes más relevantes de la Resolución es la evaluación y clasificación de riesgo para los sistemas de IA. La nueva disposición obliga a realizar evaluaciones preliminares antes de implementarlos, establecer mecanismos de gobernanza de datos, cuidar cómo se entrenan los modelos para evitar sesgos discriminatorios, y auditar todo el ciclo de vida de los sistemas.
Para ello, define cuatro niveles
Otro punto clave de la normativa publicada el 20 de noviembre, es la autodeterminación informativa: los organismos públicos deben informar explícitamente a las personas cuando estén interactuando con un sistema automatizado de IA, y ese aviso debe darse antes de que comience la interacción.
Además, todos los organismos que desarrollen, contraten o utilicen sistemas de IA deben inscribirse en un Registro Provincial de Inteligencia Artificial, que estará bajo la órbita de la Dirección Provincial de Innovación Digital, encargada de aplicar la normativa.
De esta manera, con la Resolución 9/2025, la Provincia de Buenos Aires da un paso al frente al adoptar un marco normativo obligatorio sobre inteligencia artificial para su administración pública, en pos de equilibrar innovación con protección de derechos y eficiencia estatal con responsabilidad democrática.
Su éxito podría marcar un punto de inflexión en cómo el Estado nacional y las demás provincias diseñan políticas de IA, no solo como usuarios de tecnología, sino como gobernantes de su uso.
