Femicidios
DONDE EL ESTADO CALLA, LA VIOLENCIA HABLA
Argentina enfrenta una de sus crisis más hondas en materia de violencia de género. Los femicidios —asesinatos de mujeres por razones de género— siguen creciendo y manteniéndose en niveles alarmantes.
Femicidios
DONDE EL ESTADO CALLA, LA VIOLENCIA HABLA
Argentina enfrenta una de sus crisis más hondas en materia de violencia de género. Los femicidios —asesinatos de mujeres por razones de género— siguen creciendo y manteniéndose en niveles alarmantes.
En lo que va de 2025, 208 mujeres fueron asesinadas por razones de género en la Argentina. Las cifras reflejan una realidad preocupante: se produce un femicidio cada 36 horas, y más de 171 niñas y niños quedaron huérfanos, solamente este año. En su último informe, el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” señala que el 17% de las víctimas había denunciado a su femicida.
Además, advierte que los femicidios se multiplican “frente a un contexto de miseria y ajuste, y ante el avance de discursos negacionistas y retrógrados promovidos por el gobierno de Javier Milei”. En ese marco, diversas organizaciones y observatorios denuncian el vaciamiento de políticas públicas y la eliminación de programas de prevención y asistencia que habían sido impulsados en años anteriores, como la línea 144 y los dispositivos de acompañamiento a víctimas.
“Los femicidios no son hechos aislados, son la consecuencia de un gobierno que abandona, vulnera y condena a la muerte a mujeres y diversidades”, señala el comunicado difundido por el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.
Por su parte, el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, muestra el entramado estructural de la violencia: el 59% de los agresores eran parejas o exparejas y el 63% de los crímenes ocurrió en la vivienda compartida, lo que confirma que el hogar sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres en situación de violencia.
En tanto, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema señala que en el primer trimestre de 2025 atendió 2.643 presentaciones —un 9% más que el año anterior— y dictó 8.964 medidas preventivas judiciales, entre ellas prohibiciones de acercamiento (70%) y botones antipánico (36%).
Un dato que llama la atención de dicho informe es que el 26% de las víctimas de femicidios se encontraba en riesgo alto o altísimo, lo que evidencia la insuficiencia de las respuestas institucionales. Ellas estaban en riesgo. Nadie hizo nada.
El incremento de femicidios en el país tiene un correlato político muy claro. Desde la asunción de Javier Milei, las políticas públicas de género en Argentina atravesaron un proceso de desmantelamiento que combinó la eliminación de estructuras institucionales con fuertes recortes presupuestarios.
La decisión de suprimir el rango ministerial del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad –una de las primeras medidas de su gestión- marcó el inicio de un cambio de rumbo en la agenda estatal sobre igualdad y derechos. Su reemplazo por una subsecretaría sin presupuesto ni estructura, implicó la pérdida de programas como el Acompañar y el Potenciar Igualdad, y redujo el financiamiento para hogares y refugios.
Hubo una pérdida concreta de recursos y capacidad de acción para diseñar e implementar políticas públicas específicas destinadas a prevenir la violencia y reducir las brechas estructurales entre varones y mujeres.
De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 2024 hubo una caída real del 21% en el gasto en políticas públicas para reducir la desigualdad de género. El organismo advierte además que la reducción no solo se dio en términos nominales, sino también a través de la subejecución de partidas.
Además, el CEPA señala que, en 2025, el Gobierno decidió eliminar la mayoría de los programas destinados a reducir las brechas de ingresos entre hombres y mujeres, manteniendo la línea de recortes iniciada desde su llegada al poder. Y las partidas de Políticas de Género (PPG) –que en 2023 representaban el 83,4 % del gasto etiquetado bajo esta categoría- sufrieron caídas significativas en su ejecución, especialmente en los programas de atención y protección a víctimas de violencia.
Por su parte, la Línea 144, principal canal gratuito de atención a víctimas de violencia de género, sufrió una reducción de dos tercios de sus fondos en 2024, y en el proyecto de Presupuesto 2026 ya no cuenta con una partida específica.
Los recortes alcanzan además programas vinculados a salud sexual y reproductiva, educación sexual integral (ESI) y prevención de la violencia, áreas claves para la reducción de desigualdades y la promoción de derechos.
Para Estela Díaz, Ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, “a nivel nacional la máxima dirigencia encabezada por el Presidente lleva adelante una línea política que fue la expresada en el discurso de Davos a principios de año: discursos de odio contra las mujeres y diversidades que se traducen en actos pero también en decisiones de gobierno como cerrar el Ministerio Nacional de Mujeres, eliminar los programas específicos de asistencia y acompañamiento, negar las desigualdades y violencias de género, e impulsar iniciativas que intentan desde eliminar la figura del femicidio hasta sancionar leyes sobre las mal llamadas “falsas denuncias” que solo buscan la impunidad para los agresores, violentos y abusadores”.
Sobre esta situación que nos atraviesa, Díaz destacó que “la provincia es escudo y red contra la crueldad, la motosierra y el abandono que hace la Nación de sus responsabilidades y obligaciones. El gobernador Axel Kicillof tiene la convicción de defender el Ministerio para continuar aunando esfuerzos que tiendan a cerrar las brechas de desigualdad y fortalecer la prevención y el abordaje de las violencias por razones de género”.
Como contrapartida al vaciamiento nacional, desde la provincia se impulsan diversas medidas: “Recientemente pusimos en marcha el 0800 de la Línea 144 que genera la autonomía de soporte; implementamos el programa Comunidades sin Violencia que transfiere recursos y brinda asistencia para fortalecer a los 135 municipios; y mejoramos las funciones del botón antipánico con la activación de modo remoto, entre otras acciones”, explicó la Ministra.
Según la filósofa Diana Maffía, que desde 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, “la violencia machista no se combate con discursos de libertad de mercado. Se combate con políticas sostenidas, educación, acompañamiento y presencia estatal. La ausencia del Estado es también una forma de violencia”.
La violencia machista se reproduce también a través de los discursos de odio en redes sociales, medios y plataformas de streaming, donde se banalizan o justifican las agresiones. Desde La Casa del Encuentro alertan sobre la normalización de mensajes misóginos y publicidades que alientan el sometimiento o la eliminación simbólica de las mujeres.
En este sentido, la Ministra Estela Díaz, advirtió: “El problema más grave frente al que nos encontramos en este contexto, además del desfinanciamiento de las políticas públicas, es el discurso presidencial y de sus aliados que promueve la violencia simbólica y política. Estigmatizan a las víctimas, niegan la problemática y por lo tanto generan un clima que desalienta que se recurra a la atención. Este posicionamiento político y profundamente ideologizado de Milei y las extremas derechas junto a la violencia que promueven, además de desentender las responsabilidades que tiene el gobierno nacional terminan en una combinación letal”.
El caso del triple femicidio de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, asesinadas en septiembre en Florencio Varela, estremecieron al país, no solo por su violencia sino por el tratamiento que se le dio en los medios de comunicación, donde nuevamente se puso en duda y en el centro de la escena, el comportamiento de las víctimas, como si eso exculpara a su femicida.
“Los medios de comunicación cumplen un rol imprescindible en la transformación de los sentidos que se instalan en esa línea. Lamentablemente – señala Estela Díaz-, vimos un enorme retroceso en materia de tratamiento mediático de estas terribles situaciones con el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara hace unas semanas. Circularon argumentos que ponían el foco en la vida privada de las jóvenes y en la espectacularización, con una absoluta indiferencia respecto del impacto que esos mensajes tienen en sus familias y seres queridos y en la comunidad en su conjunto”.
Estos femicidios, además, ocurrieron apenas días después de que circularan en redes sociales una propaganda de Shell donde, en tono gracioso (?), se mostraba cómo “deshacerse de una mujer molesta”, mientras dos empleados de la estación de servicio ponen a una mujer en una bolsa de consorcio, la atan y mandan a Formosa porque era “infumable”.
Frente al avance nuevamente de estos discursos, el Ministerio de Mujeres de la provincia, a través de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad lleva adelante “líneas de capacitación entre la que se destaca Micaela Medios, una formación fundamental para comunicadores/as y trabajadores de áreas de prensa y comunicación de los municipios que brinda herramientas para incorporar el enfoque de género en el tratamiento mediático y, en particular, frente a los femicidios, transfemicidios y travesticidios”.
Como si fuera poco el recorte presupuestario y los ataques discursivos y simbólicos, a principio de año, el Gobierno nacional anunció su intención de presentar en el Congreso un proyecto para suprimir la figura del femicidio del Código Penal y sustituirla por una redacción que, según sus promotores, busque “igualdad ante la ley”. El anuncio —hecho públicamente por el Presidente Milei y reproducido por el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona-, desató críticas de organizaciones de derechos humanos, colectivos de mujeres y parte de la comunidad jurídica.
“La figura del femicidio que nuestro Código Penal receptó en el año 2012 se consolidó como una herramienta política y jurídica para visibilizar las violencias extremas contra las mujeres. Es importante señalar que el femicidio se refiere a crímenes en los que se evidencia un contexto de violencia de género, una relación de poder o dominación masculina hacia las mujeres y puede ocurrir en diversos ámbitos y modalidades”, destacó la Ministra Díaz.
Las organizaciones y registros oficiales muestran que la violencia contra mujeres por razones de género sigue siendo un problema serio en Argentina. Para quienes se oponen a la reforma, quitar la figura legal de femicidio tendría un impacto simbólico y práctico: dificultaría la visibilización y el tratamiento específico de homicidios motivados por cuestiones de género.
Frente a esta avanzada, desde diversas organizaciones feministas, de Derechos Humanos y Observatorios, exigen la plena aplicación de la Ley 26.485 (de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y el cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos suscriptos por el país.
Los femicidios en Argentina siguen siendo una herida abierta. El verdadero desafío es transformar estructuras: cambiar instituciones, cultura, Estado presente que proteja, justicia que actúe rápidamente, redes sociales de apoyo reales.
Cada hora que pasa sin que se garantice seguridad efectiva para mujeres y diversidades, sin que haya consecuencias para los agresores, sin que haya reparación, los femicidios continúan.
“Cada una de las víctimas de femicidios, lesbicidios, transfemicidios y travesticidios son un llamado urgente a profundizar el compromiso del Estado en todos sus niveles. Desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires sostenemos que las violencias por razones de género no son hechos aislados, sino un problema estructural que requiere políticas sostenidas, articuladas y con recursos”, finalizó Estela Díaz.
