Genocidio y Derecho Internacional
GAZA DUELE
El Genocidio que se esta llevando adelante contra la población de Gaza conmueve a la humanidad entera. Las cifras son escalofriantes. En esta nota abordamos el origen de este concepto, su significación jurídica en el derecho internacional y su dolorosa actualidad.
Genocidio y Derecho Internacional
GAZA DUELE
El Genocidio que se esta llevando adelante contra la población de Gaza conmueve a la humanidad entera. Las cifras son escalofriantes. En esta nota abordamos el origen de este concepto, su significación jurídica en el derecho internacional y su dolorosa actualidad.
Desde que comenzó la ofensiva israelí sobre la región de Gaza, luego de los atentados de Hamas el 7 de octubre de 2023, las consecuencias para la población palestina han sido demoledoras. Ya hay más de 65 mil muertos, 160 mil heridos, 250 mil personas en riesgo de desnutrición aguda y cientos de miles de desplazados, sobre un territorio poblado originalmente por menos de 2 millones de personas.
Esto esta siendo caracterizado por amplisimos sectores de todo el mundo como un cruel genocidio con el único objetivo no explicitado por el Estado de Israel de llevar adelante una profunda limpieza étnica. A la vez, la crudeza de los hechos está generando como consecuencia masivos actos políticos y jurídicos de rechazo de ciudadanos de todo el mundo, de la comunidad internacional y de los organismos supranacionales.
El genocidio es el crimen de crímenes. No es solo una categoría jurídica, es una alerta moral y política que interpela a la humanidad. Nombrar lo que ocurre en Gaza como genocidio no es un exceso retórico, sino un imperativo ético y legal. Callar, relativizar o encubrir con eufemismos equivale a convalidar la repetición del crimen.
El término “genocidio” proviene del griego genos (raza, pueblo) y del latín caedere (matar). Fue acuñado en 1944 por el jurista polaco Raphael Lemkin para describir los crímenes nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Lemkin buscó una categoría jurídica que no se limitara a las masacres masivas sino que captara la intención de destruir la existencia de un grupo humano como tal.
Tras la guerra, y con el impacto de los Juicios de Núremberg, la comunidad internacional reconoció la necesidad de fijar reglas claras para impedir y sancionar este tipo de atrocidades. En este sentido, en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigor en 1951. Este instrumento se convirtió en la piedra angular del derecho internacional en la materia y, desde entonces, obliga a todos los Estados parte a prevenir y castigar el genocidio.
La Convención de 1948 define el genocidio como “cualquiera de los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Los actos enumerados son: matar a miembros del grupo, causarles daños graves físicos o mentales, someterlos a condiciones de existencia que lleven a su destrucción, impedir nacimientos dentro del grupo o trasladar por la fuerza a sus hijos e hijas.
Lo distintivo es la intención específica, conocida en derecho penal internacional como dolus specialis. No alcanza con demostrar que hubo muertes masivas o persecuciones sistemáticas: es necesario probar que existía el propósito de destruir al grupo como tal. Esta exigencia hace del genocidio un crimen difícil de acreditar, pero también el más grave, considerado por la doctrina como el “crimen de crímenes”.
La obligación de los Estados bajo la Convención no se limita a castigar a los responsables una vez cometido el crimen. Existe un deber de prevenir el genocidio, lo que significa adoptar medidas diplomáticas, económicas, políticas e incluso militares, antes de que la destrucción se consuma. Esta obligación fue reafirmada en fallos de la Corte Internacional de Justicia, como el caso Bosnia contra Serbia en 2007.
Los tribunales internacionales han desarrollado criterios para determinar cuándo existe genocidio. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) condenó a responsables de la matanza de 1994, en la que fueron asesinadas entre 500.000 y un millón de personas tutsis. Allí se estableció que la intención genocida puede inferirse de la escala de los crímenes, del discurso de odio que precede a los ataques y de la sistematicidad con que se ejecutan.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia reconoció como genocidio la masacre de Srebrenica en 1995, donde unos 8.000 varones bosnios musulmanes fueron ejecutados por fuerzas serbias. El tribunal concluyó que, aunque el exterminio no abarcó a toda la comunidad bosnia, sí existió la intención de destruir a una parte sustancial y vital del grupo, lo cual basta para configurar el delito.
Estos precedentes consolidaron la idea de que el genocidio no requiere la eliminación total del grupo, sino que basta con el propósito de destruirlo en parte, siempre que se trate de una porción significativa de su población.
El siglo pasado dejó una estela de crímenes que marcaron la conciencia global: el Holocausto, el genocidio armenio, Ruanda y Srebrenica son los más paradigmáticos. Pero en Argentina también hay capítulos que deben nombrarse. La Campaña del Desierto a fines del siglo XIX significó la masacre y el desplazamiento de pueblos originarios. Y la dictadura cívico-militar de 1976-1983, con la desaparición forzada de 30.000 personas, torturas, asesinatos y apropiaciones de niños, aunque judicialmente catalogada como crimen de lesa humanidad, es considerada genocidio por amplios sectores sociales y académicos debido a la magnitud y sistematicidad del plan represivo.
“En Argentina se consumaron todas las alternativas de comisión de genocidio que la Convención de Genocidios establece, pero bastaba con que se cometiera una sola de ellas para que hubiera delito de genocidio”, expresó Mirta Mántaras, reconocida abogada de la APDH, fallecida en 2024, en ocasion de la presentación de su libro “Genocidio en Argentina” del año 2005. El genocidio en nuestro país, fue “preparado, premeditadamente organizado por un tander cívico militar que se produjo durante la etapa previa al golpe de estado del 24 de marzo de 1976”.
El conflicto entre Israel y Palestina tiene más de siete décadas de historia. Desde la partición de Palestina en 1948 y la creación del Estado de Israel, la región ha vivido una sucesión de guerras, ocupaciones y frágiles treguas. El pueblo palestino ha visto progresivamente restringido su territorio, con la ocupación de Cisjordania, el avance de los asentamientos ilegales y el bloqueo sobre la Franja de Gaza. Este proceso constituye una violación persistente de su derecho a la autodeterminación y a vivir en un Estado soberano, y ha consolidado un régimen de ocupación que niega derechos básicos y erosiona cualquier perspectiva de paz justa y duradera.
Hoy, la Franja de Gaza, sometida a un asedio total, se ha convertido en escenario de un ataque sistemático contra la población civil palestina. Los bombardeos indiscriminados, la destrucción de hospitales y escuelas, el corte de suministros básicos, los desplazamientos forzados y las miles de muertes de mujeres, niños y ancianos exceden cualquier definición de guerra convencional y encajan en los actos tipificados por la Convención de 1948.
En diciembre de 2024, Amnistía Internacional concluyó que Israel comete actos prohibidos por la Convención con la intención de destruir a la población palestina. Human Rights Watch denunció que se utiliza el hambre como arma, al impedir el acceso a agua potable, alimentos y atención médica, lo que configura condiciones de existencia orientadas a la destrucción. En septiembre de 2025, una Comisión Independiente de la ONU determinó que Israel ha cometido genocidio en Gaza, al constatar al menos cuatro de los cinco actos contemplados en la Convención.
La Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, señaló en su informe Anatomía de un Genocidio que existen motivos razonables para creer que Israel comete de forma intencionada al menos tres actos genocidas contra los palestinos en Gaza. Expertos del Consejo de Derechos Humanos alertaron que, si los Estados no actúan de inmediato, serán testigos de la aniquilación de la población palestina, un desenlace con consecuencias irreversibles. Incluso Craig Mokhiber, ex funcionario de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, calificó lo que ocurre como un “genocidio de manual”.
Las denuncias no provienen sólo de organismos internacionales. Numerosos Estados se han expresado por distintas vias contra el genocidio y por estas horas paises de enorme importancia como Gran Bretaña, Australia, Canadá, Portugal y Francia, entre otros, han formalizado el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, una medida calificada como histórica y una victoria para la justicia internacional y los derechos inalienables del pueblo palestino.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, fue categórico: “Esto no es defenderse. No es ni siquiera atacar. Es exterminar a un pueblo indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario.” Además, anunció medidas concretas como el embargo de armas a Israel y el aumento de la ayuda humanitaria. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, declaró: “No es una guerra, es un genocidio”, y llegó a comparar la situación de Gaza con el Holocausto, lo que provocó una fuerte reacción diplomática del gobierno israelí. Ambos mandatarios, junto a países como Sudáfrica, Chile, México y Turquía, impulsan la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia para juzgar a Israel por violar la Convención sobre el Genocidio.
Hoy la comunidad internacional enfrenta una disyuntiva: detener el exterminio de un pueblo o convertirse en cómplice pasivo de la barbarie. Cada vez que el mundo calla, el genocidio se repite.
